Nuestra ley de cine es joven para morir

Imagen tomada de Pexels

Por Maria Alejandra Tangarife Toro | 22/04/2021.
La inversión y consumo en cine, o en general en bienes culturales, ha sido percibido como un lujo en los países con economías emergentes, como un rubro innecesario y banal. Lastimosamente, esa idea afecta toda la cadena de producción de cine en Colombia y en Latinoamérica.

La financiación pública es sin duda una herramienta poderosa para abonar y mantener el terreno de las artes visuales, pues convierte el apoyo a esta industria en un asunto común a la ciudadanía. En estos días, no ha sido para menos la reacción ante el proyecto de reforma tributaria que se pretende instaurar en Colombia y que de ser aprobada conlleva a erradicar la ley de cine, entre otras inconveniencias igual de graves.

La ley 814 de 2003 o ley de cine ha permitido desde ese año que en Colombia el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) administre una Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, que es dada por parte de exhibidores y distribuidores de cine. Esto, independientemente de otros presupuestos de la nación como en Ministerio de Cultura. Sin embargo, la reforma tributaria que actualmente quiere tramitarse elimina esa contribución e independencia presupuestal del FDC.

Ante tal panorama, conviene entonces dar un breve repaso por el continente suramericano respecto a las leyes e instituciones que hoy permiten que crezca la producción de cine en esta zona del mundo. Países como Argentina, México, Brasil son algunos ejemplos a tratar.

Primero, en Argentina fue fundado desde 1968 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCA) y funciona como una institución pública no estatal. Este está amparado por la Ley N° 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. En 2019, el ente entregó 958.702.640 pesos (argentinos) como pago de subsidios para la producción de películas.

Continuando, desde 1983 en México se cuenta con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y está amparado por la Ley Federal de Cinematografía. Desde este instituto se promueve el desarrollo del cine nacional a través de estímulos a creadores de largometrajes y cortometrajes. De acuerdo con sus datos, en el 2019 se produjeron 216 películas mexicanas, de las cuales el 49 % fue apoyado por el Estado.

Mientras tanto, la Agencia Nacional de Cinema (ANCINE), en Brasil, es un ente gubernamental autónomo; funciona desde el 2001 con el objetivo de regular, fomentar y monitorear el avance de la industria cinematográfica en ese país. Además, busca crear condiciones de igualdad para los productores audiovisuales. Según esta Agencia, para agosto de 2020 habían financiado operaciones directas al sector audiovisual con 249.760.779 reales brasileños, e indirectas con 100.814.887 reales brasileños.

En este orden de ideas, Colombia tiene una de las leyes más recientes de cine, y desde ciertos sectores políticos se pretende que muera así, joven; desconociendo el gran impacto negativo en cifras para el desarrollo de cine que viene sufriendo, que había presentado proyecciones al alza, pero decreció debido a la pandemia. Pues, por ejemplo en 2019 se logró recaudar 33.273.191.000 pesos de las organizaciones que aportan la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, a diferencia del 2020 que solo se recaudó 5.964.563.865 pesos debido a la contingencia.

No sobra decir que el cine es uno de los medios masivos de comunicación que permiten explorar temáticas sociales, e incluso transformarlas. Es y ha sido una herramienta imprescindible para las democracias y para conservar memorias y huellas culturales en cada nación. Por eso, el hecho de que hoy se quiera derrumbar el reciente esfuerzo por apoyar la apenas emergente industria cinematográfica colombiana habla de la insensibilidad de muchos grupos y personajes políticos hacia la promoción de la cultura y el arte.

Con todo eso, la reforma tributaria le niega al país un medio para la creatividad y la innovación, precisamente, en el saliente gobierno que durante su campaña prometió un fortalecimiento sin precedentes a la “economía naranja”.

Actualmente, los gremios y consejos culturales y audiovisuales del país claman por la protección de la ley de cine y desde muchos otros sectores económicos se está llamando al reclamo desde las calles del país. Por lo tanto, la longevidad del cine en nuestro país está por verse.

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