Por Leonardo Rincón | 20/10/2021.
El pasado martes 19 de octubre, se llevó a cabo la sesión plenaria del Congreso de la República, donde se precisó la suspensión de la ley de garantías. De acuerdo al artículo 125 se deroga el inciso 1° del artículo 38 de la ley de garantías.
Este artículo indica “Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido: (…) Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.
Con una votación de 98 a favor y 39 en contra, el senado aprobó suspender la ley de garantías, esto en el contexto que se llevó acabo para el presupuesto de ley para el 2022, esta ley tumbada era la que evitaba que los recursos públicos fueran usados para hacer campaña electoral por parte de los diferentes grupos políticos; sin embargo, esta norma aprobada, aclara que los convenios que se realicen bajo el reparo de esta disposición, serán vigilados más de cerca por la Contraloría General de la República, quien está a cargo de Carlos Felipe Córdoba.
Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional, señaló como improcedente la norma quienes días antes a la plenaria habían pedido de manera formal eliminar el artículo, señalando que se debe mantener en pie la Ley de Garantías con el fin de que los recursos públicos y la contratación estatal se protejan en el marco de las siguientes elecciones presidenciales puestas para el año 2022.
El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, también se manifestó por la decisión, indicando que de cara a esta reacción para el siguiente año no van haber garantías en las elecciones “buscan el fraude masivo a partir de la compra de votos con erario”; así mismo, el precandidato presidencial Rodrigo Lara, mostró su inconformismo por la decisión que se tomó “el gobierno se sale con las suyas y abre todas las puertas a la corrupción electoral”.
La politóloga y senadora Katherine Miranda, ratificó su descontento y anunció que llevará el caso a la corte constitucional, ya que no es posible que los recursos públicos y los impuestos de los colombianos caigan en manos de los políticos corruptos que aprueban todas estas leyes y modificaciones a las mismas; empero el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, apoya la iniciativa y manifiesta que este artículo no elimina la Ley de Garantías, sino que por el contrario, permite el uso de convenios administrativos para que en épocas de elecciones se pueda seguir reactivando la economía que se afectó a causa de la pandemia por el COVID-19.