Por Daniel Eduardo Jiménez Zambrano | 20/05/2021.
Desde el año 2002 el tribunal permanente ha recibido denuncias sobre falsos positivos, paramilitarismo, delitos sexuales, desplazamiento forzado, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Con la creación de la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, pasaron 4 años para que tuviera jurisdicción en el territorio nacional colombiano por medio del Acto Legislativo 1/2001, en el cual fueron agregados los incisos 3º y 4º que permitieron reconocer al tribunal internacional con facultades de ejercer sus competencias en el país, desde entonces distintas organizaciones han elevado denuncias sobre hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, reclamando la competencia de la CPI para la investigación de los hechos.
La CPI adelanta investigaciones en territorio colombiano en los que registra 2.047 casos de paramilitarismo, 794 cometidos por miembros del Estado y 1.253 por empresarios y población civil. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es muy relativa para el tribunal internacional debido a que desde allí se registran avances importantes en el esclarecimiento de la verdad como de los excongresistas: David Char Navas y Álvaro Ashton, y el exalcalde de Cúcuta: Ramiro Suárez Corzo, quienes han manifestado su voluntad de colaborar para aportar sobre sus vínculos con paramilitares.
Asimismo, se adelantan investigaciones contra 234 funcionarios de las FFMM por violencia sexual; identificación de 8.839 víctimas en el caso 007 que confiere el reclutamiento y utilización de menores por las FARC, así como la identificación de 3.876 víctimas por 2.268 casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), registrando 10.742 investigados y 1.740 exmilitares condenados.
Asesinatos a líderes sociales
Según registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), desde el año 2016 al presente año han asesinado 904 líderes sociales, las organizaciones no gubernamentales, así como miembros del parlamento han elevado sus peticiones al tribunal permanente por los homicidios perpetrados contra diferentes personas que ejercen liderazgo social dentro de sus territorios.
“La grave situación de derechos humanos y la falta de medidas de seguridad que garanticen la participación de las víctimas y los excombatientes, está poniendo en riesgo la misionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad”, advierte la JEP.
Marcha de La Haya
Por lo anterior, el 28 de marzo 2019 un grupo de 15 activistas iniciaron una marcha en la ciudad de París hacia Holanda, teniendo como objetivo llegar hasta las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya, recorriendo gran parte de ciudades francesas, así como territorios de Bélgica con el fin de visibilizar los asesinatos de líderes sociales. “Cuando se miran las cifras, uno dice: no puede ser, eso no tiene presentación en una democracia. Lo que están haciendo es eliminar líderes sociales y, en consecuencia, negarle la vocería a mucha gente. Eso no puede seguir” declaró el politólogo Milton Puertas, uno de los organizadores de esta manifestación, para Verdad Abierta. De igual forma, en el marco de la marcha expresaron: “La falta de actuación del Estado colombiano está generando una situación de impunidad frente a delitos de lesa humanidad, lo cual representa una amenaza a la consolidación de los acuerdos de paz en Colombia, por los cuales también promulgamos”.
Hechos recientes
La última denuncia elevada al tribunal internacional, la interpuso el senador Iván Cepeda en conjunto con varias ONGs que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país. En el documento de más de 100 páginas se registran actos que atentan contra la integridad de las y los manifestantes en el marco del Paro Nacional que tuvo inicio el pasado 28 de abril y hasta la fecha de hoy se mantiene. Las acusaciones son dirigidas contra el presidente de la República: Iván Duque, el ministro de Defensa: Diego Molano, el exsenador: Álvaro Uribe y los generales Eduardo Zapateiro y Vargas, “por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad”, como lo manifiesta Cepeda.
Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones: pic.twitter.com/uAKOx5Nemg
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 13, 2021
Comunidad Internacional
Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se solidarizó con la situación que atraviesa el país haciendo graves acusaciones contra la fuerza policial causándola de vulnerar los DD. HH a las y los manifestantes. De igual manera, hizo un llamado al gobierno no estigmatizar a las personas acusándolas de “guerrillas” y “terroristas urbanos”.
“La gente está siendo asesinada, todos hemos visto los videos, están por todas las redes sociales, entonces la gente puede negar todo lo que quiera, que no hay violencia; pero hay, la vemos”, advirtió McGovern.
Finalmente, es necesario enfatizar que las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional requieren un proceso riguroso, el cual tiene que someterse a un conducto regular que podría tardar mucho tiempo antes de que llegue a abrirse una investigación por parte del tribunal permanente.