Una reforma tributaria es necesaria, pero la “solidaridad sostenible” no es viable y explicamos por qué

Imagen de USA en Pixabay

Por Tatiana Fandiño S. | 10/05/2021.
Por la pandemia se estima que el gobierno invirtió 44.4 billones de pesos sólo en 2020 para mejorar la capacidad hospitalaria, atender a las personas más vulnerables, proteger el empleo y revivir la economía. Por la misma crisis el país recaudó menos impuestos de los que se tenían previstos, antes de la pandemia de 158 billones, que se suponía que iban a ingresar, se estima que al final sólo entraron 128 billones. Como consecuencia el gobierno, ya endeudado, tuvo que pedir crédito y eso se ha traducido en que el nivel de endeudamiento del país superó el 60% del PIB, el más grande en los últimos 9 años, además el déficit fiscal es el más alto en los últimos 70 años.

Expertos en beneficios tributarios aseguran que si hay una gran apuesta en el proyecto para romper con la pobreza a través del programa del ingreso solidario. En el 2019, cuando no había ingreso solidario, las otras transferencias (pago al adulto mayor, bono de alimentación estudiantil, familias en acción y demás) presuntamente  cubrían a unas 97 millones de personas. La propuesta de ahora es el doble, cubrir a 18,8 millones de personas conllevando buenos efectos, ya que se reduciría la desigualdad a un ritmo muchísimo mayor del que se lleva y aumentaría los recursos que tiene la población más pobre; de hecho se calcula que el decil poblacional que tiene menores ingresos en el país tendría más dinero asegurado para sobrevivir, lo que a su vez mueve y reactiva la economía local.

A partir del 2023, los que tienen ingresos de más de $2’300.000 tendrían que pagar ese impuesto, cuando hoy lo pagan quienes tienen ingresos por encima de $4’700.000. En el impuesto al patrimonio, los expertos indican que sería recomendable que no sólo los patrimonios de $5.000 millones paguen impuestos, sino que los patrimonios de $3.000 millones en adelante también lo hicieran y de esta manera aumentaría el número de ricos, que pasarían de 7.000 contribuyentes a 39.000.

El proyecto no hace el mínimo esfuerzo para intervenir en los “paraísos fiscales”, algunos ricos invierten su dinero en lugares donde no les cobren por tenerlo y de esta manera evitan los impuestos que les pondrían en el país. De hecho, por lo menos unos $300 billones estarían en paraísos fiscales y con ellos se podrían recaudar $18 billones, si estuvieran en territorio nacional. Asimismo, Colombia es el segundo país de América latina con más zonas francas y estos lugares tienen varios beneficios tributarios, entre ellos que no pagan IVA con el fin de que atraigan inversión; sin embargo, no está comprobado que eso sea efectivo, pues no ha tenido éxito en la estimulación de exportaciones y en cambio el país deja de recibir dinero por ese regalo, que en 2018 fueron $1.603 miles de millones de pesos de IVA a estos territorios que no fueron cobrados.

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