Los narcotraficantes están felices

Fuente: La nueva prensa

La guerra contra las drogas proviene de un capricho oportunista y criminal del gobierno de Richard Nixon (1969-1974), dirigido a satanizar a la sublevada población negra y a los hippies de los años 60 que reclamaban paz y amor mientras fumaban marihuana.

Por GONZALO GUILLÉN


Las únicas fuerzas empeñadas en preservar en el mundo el fabuloso negocio de las drogas ilícitas son el gobierno de Estados Unidos y los narcotraficantes. Esta alianza de facto y repulsiva incluye a los aliados de Washington (principalmente los corruptos gobiernos del Tercer Mundo) y los de la misma mafia, tales como la banca, la política y variados estratos de la industria y el comercio, entre ellos la construcción, el turismo, la prostitución, las armas o el transporte. Conceden eficientes e infinitas oportunidades para lavar el dinero mal habido.

Washington (ahora menos) y los narcotraficantes renuevan y refuerzan con frecuencia los argumentos ideados para impedir la legalización, único instrumento capaz de acabar de tajo –y sin necesidad de disparar un solo tiro– con las ganancias descomunales y todos los demás estragos causados por el contrabando de drogas: en especial la violencia y la corrupción en todos los estamentos de la sociedad y el estado.

Abundan los estudios y las demostraciones de que es la prohibición la que hace de las drogas una lucrativa desgracia, causante principal de la postración y la frustración institucionales de países como Colombia o México.

La guerra contra las drogas proviene de un capricho oportunista y criminal del gobierno de Richard Nixon (1969-1974), dirigido a satanizar a la sublevada población negra y a los hippies de los años 60 que reclamaban paz y amor mientras fumaban marihuana sosegadamente y trataban de promover el regreso del ser humano a la naturaleza. Fue ideada por el asesor John Ehrlichman, quien antes de morir se lo reveló de manera muy simple a la revista Harper’s:

“Nixon tenía dos enemigos: la izquierda y los negros… Pero si lográbamos que el público asociara a los ‘hippies’ con la marihuana y a los negros con la heroína, podíamos golpearlos a ambos, arrestando a sus líderes, allanando sus casas y estigmatizándolos en los noticieros ¿Sabíamos que estábamos mintiendo? Claro que sí”.

Los Estados Unidos conocen perfectamente cuáles son el precio y las consecuencias de la prohibición. La llamada Ley Seca (veda permanente y penalización a la producción, comercio y venta de alcohol), impuesta en su territorio entre enero de 1920 y diciembre de 1933, le dio vida a lo que John Rockefeller llamó “un ejército de criminales” y al aumento del consumo de alcohol en bares clandestinos que proliferaron a expensas de la corrupción de las autoridades, principalmente los cuerpos de policía. La ferocidad de las mafias que asumieron el control del negocio clandestino alcanzó niveles jamás imaginados.

Antes de entrar en vigor la prohibición había 4.000 presos en todo el país y doce años después, al ser levantada con angustia por el Congreso, el número había aumentado a 26.859.

Esta prohibición fue implantada mediante la enmienda constitucional XVIII y derogada, en 1932, a través de la XXI. La dolorosa lección le dejó algo en claro a Estados Unidos: el consumo solamente se controla mediante la producción, distribución y venta legales. Así, las autoridades pueden vigilar la calidad y fiscalizar el consumo por medio de leyes federales y estatales que prohíben el expendio a menores de edad. Además, pacíficas e intensas campañas de propaganda han logrado –como con el tabaco– disminuir el consumo entre toda la población. Y está penalizado de manera severa el llevar a cabo diversas actividades bajo el consumo de aquellas, tales como conducir vehículos de cualquier tipo. El alcoholismo, eso sí, jamás se acabará.

No obstante, Estados Unidos encontró una forma virtualmente inexcusable de sojuzgar y tener dominio policivo estricto sobre otros países, acusándolos de atentar contra su integridad mediante la producción de sustancias a las cuales su pueblo es, curiosamente, más aficionado que ningún otro, como la cocaína.

En Latinoamérica las dos víctimas más afectadas por esta política, irrazonable y extravagante, son Colombia y México. Ambos países han soportado la corrupción total de sus estamentos gubernamentales, la captura del poder político formal por parte de las mafias del narcotráfico y el secuestro de sus economías a través del dinero de las ganancias de las drogas.

Ninguno de los supuestos “éxitos extraordinarios” promovidos por los cuerpos de policía en su inútil lucha contra las drogas es ni siquiera creíble por una única razón: no afectan en nada la distribución, la venta y la rentabilidad del producto en los mercados internacionales, en los cuales la calidad y los precios se mantienen estables debido a la copiosa oferta. El más simple examen a este mercado indica a las claras cómo la guerra contra las drogas es –después de tantos muertos y de tanta corrupción– un fracaso estrepitoso y definitivo. La guerra contra las drogas la ganaron las drogas.

Estados Unidos suele “descertificar” a los países que, en su criterio, no triunfan en la guerra contra las drogas, un desdoroso y arbitrario castigo unilateral. Se adopta sobre la base de su presunto mal comportamiento en la lucha antinarcóticos. Esta se mide en especial por el número de hectáreas supuestamente sembradas en hoja de coca –planta medicinal y lícita andina– con la cual se fabrica la cocaína que en Nueva York o Chicago se adquiere en todas las esquinas y por medio de todos los mismos medios de pago usados para adquirir unos pantalones, un libro o un computador.

Las áreas sembradas en coca son, única y exclusivamente, las que digan los Estados Unidos. Colombia carece de recursos y también de dignidad para contrastar esa información.

Estados Unidos suele reclamar porque, según dicen, el gobierno colombiano no obliga a los campesinos a cambiar sus plantíos de coca por productos lícitos. No repara con honestidad en el campo de la realidad: estando en la miseria y sin nada que perder, nadie es tan imbécil de dejar de tener una ganancia. Gracias a la prohibición y al dinero de los millones de drogadictos gringos, no hay mejor cultivo que la coca. Los plantíos legítimos, además, son ruinosos por la intervención incontrolada de intermediarios voraces en la cadena de comercialización, por la falta de vías de comunicación para moverlos y de crédito para producirlos.

—Sembré estas maticas de piña para cumplir con la sustitución de cultivos que pide el gobierno, pero la coca no puedo dejar de sembrarla porque es lo único que me da para medio comer. Sinceramente, yo vivo muy agradecido con la coca —me explicó hace 30 años un paupérrimo campesino del departamento andino de Cauca.

Colombia mantiene abandonada a la mayor parte de su población rural. La deja a expensas del crimen organizado, a la cabeza del cual está el narcotráfico. La inversión social pasa directo a los bolsillos de la corrupción y esto contribuye todavía más a incentivar el tráfico de drogas como única economía posible.

Todos los años Estados Unidos enarbola sobre los países latinoamericanos la amenaza de la descertificación y presiona para resucitar el regreso de las fumigaciones intensivas sobre los bosques andinos y amazónicos colombianos con venenos químicos, como Glifosato, causante de diversas enfermedades humanas y animales. Destruye la vegetación y la fauna nativas. Y envenena las aguas. Todo eso para tratar de destruir los cultivos de coca. Aun así, los drogadictos de ciudades como Nueva York o Los Ángeles no ven nunca aminorada la oferta de la cocaína. La encuentran todos los días, a todas horas y en todas las esquinas.

Los narcotraficantes están felices.

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