La parapolítica: un sinónimo de violencia y politiquería

Foto de www.senado.gov.co

Por Raúl Camilo Sánchez Parada | 01/10/2021.
Luis Alfredo Ramos Botero no es el primero ni el último congresista vinculado con grupos armados al margen de la ley, como el paramilitarismo, esos escuadrones que se han dedicado durante años a secuestrar y torturar a la gente en las regiones olvidadas de Colombia y también hicieron pacto con los políticos tradicionales a cambio de continuar con su accionar de violencia.

Ya van 258 políticos colombianos condenados por sus vínculos con las autodefensas, en los que aparecen alcaldes, gobernadores y congresistas de las diferentes regiones del país donde mandan estos grupos armados ilegales.

Hace 15 años, Salvatore Mancuso Gómez confesó ante la Corte Suprema de Justicia una alianza que se estaba haciendo entre políticos tradicionales y los comandantes del paramilitarismo para controlar las regiones, este fenómeno se conoció como “parapolítica”.

Igualmente, Mancuso señaló ante este tribunal que tenía controlado el 35% de los integrantes del congreso de Colombia que habían sido elegidos en las regiones donde mandaban los paramilitares en ese momento y fue calificado por expertos constitucionalistas como un atentado contra la democracia.

Desde el año 2007, la Corte Suprema empezó a investigar a los congresistas y a condenar a estos personajes, entre ellos 58 congresistas, ex integrantes del congreso y nueve gobernadores. En esa lista de personas comprometidas en este episodio, hay dos candidatos presidenciales, cuatro presidentes del senado y uno de la cámara de representantes.

Los primeros legisladores que fueron condenados por sus vínculos con los paramilitares fueron:

Mario Uribe Escobar, ex presidente del senado y primo del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; Luis Alfredo Ramos, ex senador y ex gobernador de Antioquia; Erick Morris; Dieb Maloof; Miguel de la Espriella; Alfonso Campo; Jorge Visbal Martelo; Zulema Jattin; Rocio Arias; Álvaro Alfonso García Romero, condenado como determinador de la masacre de Macayepo; César Augusto Pérez García, ex integrante de la Cámara, responsable por la masacre de Segovia en noviembre de 1988 y condenado a 40 años de cárcel, entre otros.

Cabe resaltar que David Char, sobrino del patriarca Fuad Char, confesó en el año 2019 ante el tribunal de la JEP la relación entre la clase política tradicional y los grupos paramilitares en el año 2006 a 2010, cuando era miembro del Congreso de la República.

Hay que tener en cuenta que la JEP (Justicia Especial para la Paz), fue creada durante la firma de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, para que los militares, ex guerrilleros y políticos digan la verdad sobre el conflicto armado en Colombia.

Por ahora, faltan más declaraciones de ex senadores ante la JEP sobre su relación con los paramilitares.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.