Por Leonardo Rincón | 24/05/2021.
Las autoridades indígenas del Vaupés y Amazonas, en el año 2019 interpusieron una tutela contra el estado para acabar con la minería ilegal que está afectando esta zona de bosques en el territorio colombiano. El caso llegó a la Corte Constitucional, quienes se pronunciaron para llegar al diálogo con la población de estas zonas y poder analizar los impactos negativos de estos actos ilegales, un problema que lleva muchos años afectando la región.
Son cerca de 30 pueblos que son reconocidos en el territorio de Jaguares de Yuruparí, con una extensión de tres millones quinientos mil hectáreas, lugar donde los indígenas cumplen a cabalidad sus funciones étnicas y raciales, lugar donde su cultura es única y se referencia por los ríos, espacios vitales que poseen y se frecuentan; estos espacios son los que están siendo afectados por la minería ilegal y el mercurio que queda después de este suceso.
“Para nosotros el Territorio es la expresión de la vida misma (…) cada elemento y ser tienen un lugar y unas relaciones específicas que se deben mantener. Al sacar algo de nuestro territorio –como sucede con el oro– e introducir elementos extraños –como el mercurio– se compromete integralmente nuestra vida”. Texto tomado de la tutela que se presentó en el 2019, como fue rechazada en dos ocasiones, la Corte Constitucional tomó cartas en el asunto para poder revisar y darle una solución a este trasfondo.
Sin embargo, el día 28 abril de este año, el Alto Tribunal dio a conocer una decisión según la sentencia Auto T-7.983.171, en la que se conoció que no se va a adoptar medida alguna que afecte a la estabilidad económica y social de estas poblaciones indígenas, sin antes haber escuchado todos los argumentos que ellos tienen que dar para así evitar esta catástrofe ambiental que quieren continuar implementando. Por eso se estableció una mesa de diálogo intercultural; para que, tanto funcionarios del gobierno, como población indígena, puedan conversar y dialogar de las causas que traería la minería y explotación de tierras usando el mercurio, y las afectaciones en salud que han tenido que pasar por culpa de estos malos procedimientos.
Para la Fundación, Gaia Amazonas, el texto con más de 30 páginas describe muy puntual las necesidades de la población indigena que está siendo afectada por la minería ilegal; en este texto se describe cómo estas zonas son de alta representación cultural y social, se evidencia el respeto por la fauna y flora de la zona, así como de las mismas tribus indígenas que hoy en día están luchando para que estas prácticas se dejen de realizar en tierras santas.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional tendrá que tomar las decisiones pertinentes para saber si los derechos fundamentales de los accionantes se ven afectados, mientras la población indígena del macroterritorio de Jaguares de Yuruparí, piden que cese la tala indiscriminada y la minería ilegal para extraer el oro y exigen respuestas de las autoridades competentes para que se acabe la masacre ambiental que se desarrolla en el Amazonas.