POR: REPORTEROS ASOCIADOS DEL MUNDO
La próxima semana se conocerá si la Fiscalía llamará a juicio o si por el contrario solicita una nueva preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
La audiencia está programada para el martes, 9 de enero, donde el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo dará a conocer su decisión sobre el caso.
Como se sabe el pasado 5 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación de la defensa a la decisión de un juez en mayo pasado, que rechazó la solicitud de la Fiscalía para precluir la investigación, ya que no encontró pruebas de que el exmandatario fuese intervenido con su entonces el abogado, Diego Cadena, para hacer supuestos ofrecimientos a exparamilitares para que cambiaran su declaración.
Uribe Vélez es investigado por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, caso que abrió en 2018 la Corte Suprema de Justicia, pero que después pasó a manos de la Fiscalía debido a que el exmandatario renunció a la curul que en aquel tiempo ocupaba en el Senado, a nombre del Partido Centro Democrático.
En dos oportunidades la Fiscalía había solicitado a distintos jueces archivar esta investigación por falta de pruebas, sin embargo, fueron negadas.
“Me niegan la preclusión y ordenan llevarme a juicio”, señaló el expresidente en su cuenta en la red social ‘X’.
Dijo también el político, quien gobernó en los periodos 2002-2006 y 2006-2010, que “dos fiscales que no conozco y tres procuradores que tampoco conozco pidieron la preclusión. Dos juezas la negaron con una carga política impresionante en mi contra, ahora la niega el Tribunal”.
Reiteró que no cometió ningún delito. “Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que nunca tomé la decisión de ir a buscar presos, solo pedí que se verificara la información que me llegó. A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio”.
También, Uribe Vélez se reafirmó en que se han presentado vicios en la investigación que se lleva en su contra, inicialmente en la Corte Suprema de Justicia.
“El proceso empezó con vicios, tuve algunas diferencias con las Cortes en el pasado, pregunté si existía el proceso y me dijeron que no. Parecían magistrados en discursos políticos en mi contra. Uno de ellos, exmagistrado, representa políticos que él mismo ayudó a elegir y el magistrado que ordenó mi detención fue contratista en temas relacionados con el proceso de paz de la Habana, eso lo deben saber, fue explícito el exmandatario.
Igualmente, expresó que «he defendido mi reputación con ardentía, pero no se de sobornar testigos ni engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla”.
Es importante mencionar que el miércoles 10 de enero cumplen los 90 días que tiene por ley la Fiscalía para determinar si acusa al expresidente
De ser así, el exmandatario se convertiría en el primer presidente en Colombia en ir a juicio ante la justicia penal.
