Por Tatiana Fandiño S. | 05/05/2021.
El proyecto propone el cambio de la figura EPS a “Aseguradoras en Salud”, convirtiéndolas básicamente en compañías de seguros, o sea que se presta el servicio dependiendo de lo que cubra el aporte (se imponen topes en seguros adicionales además del pago a la EPS) violando la autonomía médica al condicionar el pago de servicios por paquete, reduciendo la atención a lo que incluya el paquete y no a lo que requiere el paciente. Asimismo, permite lo que se conoce como “integración vertical”, esas aseguradoras a su vez serán prestadoras de servicios en salud: Se concentra el dinero, la tecnología, el talento humano, la formación e investigación en oligopolios, conllevando menos intermediarios y, por ende, disminución en la calidad de la atención.
No avanza en sentido de declarar la salud como un derecho fundamental tal y como lo obliga la Ley Estatutaria en Salud (LES), ya que faculta al Ministerio de Salud para definir financiación a servicios de salud, abriendo las puertas a pagos adicionales de los pacientes por servicios de alto costo. Además, crea conglomerados empresariales de salud, permitiendo que los recursos públicos que tienen destinación específica se inviertan en centros hospitalarios que benefician a sus afiliados, generando inequidad en la prestación de servicios. Y si la persona no se “cuida”, esto de acuerdo con la EPS, perderá la cobertura o tendrá que pagar parte del tratamiento, puesto que se expresa en el proyecto que las personas y comunidades tienen el “deber de autocuidarse”, lo que reflejaría una des-responzabilización del gobierno con un sistema de Salud Público ineficiente.
No protege a la red hospitalaria pública, pues se propone una UPC variable de acuerdo a resultados, lo que pone en riesgo a las IPS (hospitales públicos) más vulnerables, las estatales, las que atienden a la población rural del país, de la cuales 1.000 fueron cerradas por no mostrar resultados en el ajuste financiero. Propone, además, eliminar muchas de las actuales EPS (pasar de 47 a sólo 10) creando un monopolio, lo que se traduce a volver la salud de los colombianos un negocio multimillonario.
Se le entrega el manejo de los programas de vacunación en su totalidad a las EPS, acabando con programas de vacunación y salud de los municipios y departamentos, quedando en control y a criterio de EPS. También las multinacionales podrán controlar la salud pública, poner precios y reglas del mercado sin que haya autoridad que limite posibles abusos.
El Instituto Nacional de Cancerología se convierte en un ente adscrito al Ministerio de Salud sin sustento técnico y, con el riesgo de conllevar burocracia en el proceso, cede el negocio a la nueva Clínica Oncológica de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que solo atenderá a quien pueda pagar. Hoy el Hospital Cancerológico atiende a quien no tiene recursos.