Por Daniel Eduardo Jiménez Zambrano | 27/05/2021.
El gobierno colombiano fue enfático en aplazar la visita de delegados internacionales, argumentando que primero deben concluir las investigaciones de las autoridades locales.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucia Ramírez, ha declarado que, por iniciativa del Gobierno Nacional, se autorizará el ingreso al país a la Comisión Interamericana de DDHH una vez se entreguen los informes solicitados por la CIDH a las autoridades colombianas, y se realice la audiencia convocada para el 29 de junio del año en curso.
“Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información”, declaró Ramírez.
Marta Lucia Ramírez, vía Twitter:
Violaciones a los derechos humanos
Por su parte en un comunicado de prensa publicado por la Comisión Interamericana en la plataforma de la Organización de los Estados Americanos OEA, titulado: “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”, se resaltan los casos de 43 personas que han fallecido desde el inicio de las protestas, destacando que 1,038 manifestaciones presentaron altercados, en los que se vulneró los Derechos Humanos.
Asimismo, CIDH hace hincapié sobre la muerte de Lucas Villa, asesinado en la ciudad de Pereira por delincuentes que le dispararon en la noche del 5 de mayo, Sebastián Quintero, asesinado por una granada aturdidora presuntamente por miembros de la fuerza pública, el 15 de mayo en la ciudad de Popayán, y Jhon Erik Larrahondo asesinado a disparos en la ciudad de Cali el 23 de mayo.
De igual manera se adhieren los casos de 43 personas fallecidas, así como 132 desaparecidas en el marco de las protestas, uso indebido del armamento por parte de PONAL como lo es la lanza granada VENOM, adherida a las tanquetas en el marco de las manifestaciones, con lo anterior refieren sobre las lesiones oculares en algunos manifestantes, así como violencia sexual, discriminación sobre la minga indígena, ataques a la prensa y demás casos de vulneración a los DDHH.
“La Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas”, declaró en el comunicado el organismo internacional.
Comisión Interamericana de DDHH, vía Twitter:
Militares en las protestas
Personal académico independiente de las Naciones Unidas han elevado sus voces rechazo y preocupación por el despliegue de miembros de las FFMM en el marco de las manifestaciones, ya que, dicen “el personal militar se forma y entrena principalmente para defender el país contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones”, afirman.
De igual manera, hacen un llamado al Gobierno Nacional por respetar los derechos de las y los manifestantes, así como no emplear las armas del Estado contra las personas en el ejercicio de las protestas.
Oficina de Derechos Humanos
Por su parte, ONU Colombia hace un llamado a la calma tras la nefasta noche del 25 de mayo en Tuluá, la cual tuvo como saldo un estudiante y un funcionario de la salud fallecidos, así como la quema del Palacio de Justicia de ese municipio.
ONU Derechos Humanos Colombia, vía Twitter:
Las visitas del gobierno colombiano
Por otro lado, el Gobierno Nacional de Colombia ha venido cumpliendo citas con miembros del parlamento estadounidense que manifestaron su descontento contra la violencia policial en el marco de las manifestaciones. Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es uno de los parlamentarios con los que se reunió la vicepresidenta y canciller, recordando que McGovern señaló fuertemente a la Policía Nacional de Colombia como “culpable de violaciones a los derechos humanos”, manifestó el Representante.
Asimismo, James Elroy Risch, senador por el estado de Idaho, se reunió con la funcionaria publica colombiana para tocar temas imperativos en la cooperación inversionista entre Estados Unidos y Colombia. “La situación actual no significa debilidad institucional. Queremos más inversión en el suroccidente del país y lograr así una sustitución más efectiva”, declaró Marta Lucía Ramírez.
¿Algo para ocultar?
Desde las plataformas digitales internautas han señalado que la demora por la autorización del gobierno de turno al ingreso de los organismos internacionales, obedece a querer ocultar los hechos que han ocurrido en el país.
Mónica Rodríguez, presentadora y embajadora de la UNICEF:
Puede acceder al comunicado de prensa CIDH aquí: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp