Por Raúl Camilo Sánchez Parada | 01/10/2021.
Desde que el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, propuso el proyecto de Reforma Tributaria en abril del 2021, muchas personas salieron a las calles a manifestar su rechazo en contra de tal procedimiento, debido a que afectaría a la clase media y baja en pleno tercer pico de la pandemia del Covid-19.
Cabe recordar que durante este periodo de protestas se hicieron presentes enfrentamientos entre la policía y manifestantes, lo que dejó un saldo de muertos y heridos a lo largo de diferentes regiones del país.
Desde el 28 de abril del 2021 y en lo que va corrido de estos 5 meses, la violencia entre policías y manifestantes siguió incrementando, a pesar de que el gobierno haya retirado el proyecto de reforma tributaria.
Las movilizaciones en el país continuaron por diferentes razones, la reforma a la salud, los escándalos de corrupción (como el ingreso de los dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Iván Duque y la reventa de boletas que involucra a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol), la desigualdad social y la pobreza, según los informes entregados por el DANE (Departamento Nacional de Estadística).
En un informe entregado por la Organización “Somos Defensores”, se destaca el índice de violencia contra los defensores de Derechos Humanos, que pasó de ser selectiva a generalizada durante el primer semestre del 2021, periodo en el que fueron documentadas 524 agresiones contra 484 líderes, de los cuales 218 sucedieron durante el contexto del paro nacional en un porcentaje del 41,6%.
En ese mismo reporte se destacó un informe de “Resiste”, de los primeros seis meses del 2021, en los que se destaca que en el mes de mayo fueron agredidos 160 lideres sociales, que concuerda con las movilizaciones en el país, en los que se da a conocer el asesinato de una veintena de manifestantes a manos de la fuerza pública.
Pero en el informe no todo es malo, se resalta la disminución del 39% de los 58 asesinatos de los líderes sociales respecto al primer semestre del 2020 en el que se rompió la tendencia del alza en los últimos periodos.
En ese informe se recalca la responsabilidad del Estado Colombiano en permitir este tipo de agresiones de la fuerza pública hacia la población civil, a pesar de que los asesinatos a lideres sociales disminuyeron en el primer semestre y las amenazas contra los mismos, pero los casos de detenciones arbitrarias subieron de 27 a 31, los casos de robo a la información pasaron de un caso a 10 y violencia sexual contra los manifestantes se reportaron 2 casos.