Los ciudadanos mostraron su incomodidad en torno a varias decisiones que el mandatario Nayib Bukel ha tomado desde que llegó al poder en 2019. La más reciente, la aprobación del bitcoin como moneda de curso legal en este país.
Por Jenny Joya | 20/09/2021.
Desde que el bitcoin fue aprobado como la moneda de cambio legal en El Salvador, la población ha mostrado su descontento hacia el Gobierno de Nayib Bukele.
Esta decisión, junto al autoritarismo mostrado por el mandatario, causaron las primeras manifestaciones masivas y de carácter pacífico en contra del presidente.
Estas marchas han sido continuas desde el 7 de septiembre, pero sin duda alguna el 15 de septiembre fue el día que mayor multitud se acumuló en las calles, así mismo nombrada una de las más grandes desde que Bukele se instaló como presidente.
En esta la protesta pacífica quedó de un lado, puesto que algunos cajeros automáticos donde se hacen las transacciones con bitcoin en el centro de San Salvador fueron quemados por algunos de los manifestantes, dejando demasiados mensajes de rechazo claramente al bitcoin en pancartas y paredes pintadas.
La prensa local reportó algunos incidentes. Entre ellos, la quema de una motocicleta por parte de personas encapuchadas.
Dentro de estas protestas surgieron muchos comentarios entre los manifestantes como “Cada vez hay menos razones para no marchar” o los carteles en manos que llevaban con mensajes de “Basta de corrupción, no al bitcoin”, “No al lavado de dinero corrupto”, “Yo digo no al bitcoin” y “Yo rechazo totalmente el bitcoin”, era otro de los mensajes, ya que son muchas más las razones acumuladas por las que miles de personas decidieron salir a las calles.
Uno de los principales motivos de estas manifestaciones es que la medida contribuirá al lavado de dinero y a la inestabilidad financiera, puesto que la criptomoneda es tan inestable que puede perder miles de dólares de su valor en solo unas horas, dejando un déficit económico inmenso.
Así mismo, la ley hará obligatorio su uso para todos aquellos comercios que tengan la capacidad tecnológica de hacerlo, enmarcando la desigualdad de la población en el acceso a los recursos.