Bogotá, 7 jul (EFE).- En La Guajira colombiana Francisco “Kiko” Gómez era el señor de la muerte. Aliado con paramilitares, sicarios, fiscales, jueces y policías corruptos, implantó un régimen de terror en el que, según sus intereses, decidía quién debía morir, una trama escalofriante y real contada por una de sus víctimas en un libro sobre su lucha por la justicia.
Entre 1995 y 2013 Gómez fue dos veces alcalde de Barrancas y una vez gobernador de La Guajira, cargos desde los que no solo ponía a sus sucesores sino que ordenaba asesinatos de críticos u opositores, recuerda en una entrevista con Efe la periodista Diana López Zuleta, autora de “Lo que no borró el desierto” (Planeta), que presenta este martes.
El título hace referencia a la árida geografía de esa región del norte de Colombia donde Gómez utilizó sus cargos oficiales y alianzas con delincuentes para imponer su ley.
“Eso hizo que él tomara mucho poder; tenía un ejército de sicarios a su servicio, fue quien llevó a los paramilitares a La Guajira, en su casa vivieron paramilitares, él andaba armado públicamente y mandaba a matar a la gente”, afirma la autora, cuyo padre, Luis López Peralta fue asesinado el 22 de febrero de 1997 cuando era candidato a la Alcaldía de Barrancas.
MÚLTIPLES CRÍMENES Y DOS CONDENAS
Por ese crimen, que permaneció dos décadas en la impunidad, Gómez fue condenado a 40 años de cárcel en junio de 2017, cinco meses después de ser sentenciado a 55 años por otros tres homicidios, el de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito (agosto de 2012), su esposo Henry Ustáriz y el escolta de éste, Wilfredo Fonseca (ambos en abril de 2008).
“Una de las cosas que más me impresionaba, que más me causaba escozor era el hecho de que él mandaba a matar a la gente (y luego) iba a los funerales, inclusive, si podía les regalaba para el ataúd” de la persona que acababan de asesinar, afirma López.
Así sucedió cuando asesinaron a su padre y a Ustáriz. En ambos casos Gómez acudió al velatorio para dar el pésame a los familiares y para el funeral de Luis López expidió como alcalde un decreto de honores y dio un discurso, mientras que en el caso del segundo, ayudó a cargar el féretro.
Los crímenes por los que Gómez cumple pena en la cárcel bogotana de La Picota son los más conocidos, pero López recuerda en su libro que el periodista Gonzalo Guillén publicó en 2014 un artículo en el que enumera 131 asesinatos en los que supuestamente estaba involucrado.
“Su modus operandi era quitar de su camino a todo el que le incomodara políticamente y también mató gente por deudas”, afirma López, quien tenía solo diez años de edad cuando su padre fue asesinado en un hotel de su propiedad en Barrancas porque hizo oposición a Gómez y denunció sus actos de corrupción.
CRIMINALES DENTRO Y AL MARGEN DEL ESTADO
Todos los crímenes atribuidos a Gómez en dos décadas tenebrosas que coincidieron con el terror paramilitar en los pueblos de La Guajira y del vecino departamento del Cesar permanecieron en la impunidad porque tenía aliados entre los criminales y en los poderes regionales del Estado.
La autora cuenta en el libro que “a medida que su actividad criminal se extendía por la región, a Gómez lo homenajeaban las instituciones del país y del departamento” con las más diversas condecoraciones que eran al mismo tiempo una humillación para las víctimas silenciadas por miedo.
“Los fiscales estaban a su servicio, y los jueces; más se demoraba una persona en instaurar una denuncia que él en saberlo y en amenazarla o mandarla a matar”, afirma López, quien en su libro narra varios episodios en los que autoridades intervinieron a su favor.
Una de esas ocurrió el 12 de octubre de 2013 en Barrancas cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía enviados desde Bogotá con la orden de detener al entonces gobernador de La Guajira fueron golpeados por sus escoltas, armados con fusiles, ante la mirada complaciente de los policías del pueblo vitoreados por simpatizantes de Gómez.
El incidente fue tan bochornoso que la Fiscalía General tuvo que llamar a la Presidencia de la república y al entonces director de la Policía, general Rodolfo Palomino, para que intervinieran y convencieran a Gómez de entregarse.
“Llevaba dos décadas delinquiendo, cometiendo asesinatos, narcotráfico, y nunca pasaba nada en la región, solo cuando en Bogotá pusieron sus ojos sobre él fue que se pudo hacer justicia pese a que quisieron torpedear muchas veces el juicio e intentar que quedara libre”, añadió la autora a Efe.
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VÍCTIMAS SILENCIADAS
El terror que infundía Gómez era tal que aunque las víctimas y testigos de sus crímenes son muchos en La Guajira, nadie quiso buscar justicia por miedo a morir.
Las excepciones fueron dos mujeres: Diana López y Yandra Brito, pero a esta última también le costó la vida y a la autora, el distanciamiento y recriminaciones de su familia por temor a una venganza con más muertos.
“La consigna era que todo el que hablara contra él moría asesinado, entonces ¿qué me hacía pensar a mí que yo iba a marcar la diferencia? Yandra lo hizo públicamente y él, siendo gobernador de La Guajira, la mandó asesinar”, asegura López, quien cuenta que la misma suerte corrieron muchos sicarios que ejecutaron esos crímenes.
Pese a que Gómez, de 61 años, puede pasar el resto de su vida en prisión, sus víctimas no se sienten seguras porque “él desde la cárcel incluso mandó a asesinar al hermano de un adversario político”, dice la autora del libro en referencia al homicidio del neurólogo Jorge Daza, en enero de 2014 en Barranquilla.
Según López, el motivo del crimen fue que el médico era hermano medio de Bladimiro Cuello, quien se atrevió a disputar a Gómez la Gobernación de La Guajira en las elecciones de 2011 y aunque perdió, tuvo que exiliarse al año siguiente en Estados Unidos por las amenazas de muerte en su contra.
“Lo que a mí me preocupa como víctima, y a las demás víctimas, es que él pueda salir libre”, afirma López al explicar que Gómez pretende acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo de paz con las FARC para juzgar crímenes del conflicto armado colombiano.
Según explica, el exgobernador está intentando que la JEP lo acepte “como financiador del paramilitarismo”, y en ese caso podría salir de la cárcel si colabora con la justicia.
“Le envié una carta a la magistrada que lleva el proceso y le dije que quería constituirme como víctima para oponerme a que él entre a la JEP porque me parece terrible”, dice, ya que al fin y al cabo no se trata de un político que cometió crímenes sino de un criminal que se escudó en la política. EFE
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