Fuente: La nueva prensa.
Esta columna de opinión es complemento de la anterior, del pasado 21 de noviembre, cuyo título es La Fiscalía Colombia está podrida.
Por GONZALO GUILLÉN
Dentro de las corruptelas impunes y herméticas que hacen parte de la podredumbre reciente de la Fiscalía General de la Nación está la presencia sospechosa e ilícita de un personaje tenebroso en la inspección judicial, del 18 de noviembre de 2018, en la casa de Subachoque donde fueron asesinados Jorge Enrique Pizano (contralor de Corficolombiana, principal chanchullería de Sarmiento Angulo) y su hijo Alejandro. Este lunes será denunciado en la Comisión de Acusaciones el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez por el abogado Miguel Ángel del Río. Los videos de vigilancia correspondientes fueron borrados de manera misteriosa, pero existen otra evidencias.
La denuncia principal contra Martínez será “por destrucción y manipulación de evidencia probatoria por haberse llevado un Ipad de Pizano padre y manipulado la información”, de acuerdo con del Río.
Pizano, vale recordar, descubrió los ilícitos que Corficolombiana estaba cometiendo a cuatro manos con la constructora brasileña Odebrecht.
En noviembre de 2018 el fiscal general era Martínez Neira —quien también fue abogado de Odebrecht y del Grupo Aval— y mantenía un esquema de acoso y amenaza contra Pizano padre. El oscuro personaje al que me refiero no tenía autoridad ni razón legal ninguna para circular en la escena y entre los funcionarios que hicieron la inspección, hoy cuestionada por las alteraciones que sufrió. Pero era protegido de Martínez Neira y con eso le bastaba. Esto se mantiene en la impunidad, amparado por el actual fiscal general, Francisco Barbosa, y su vicefiscal, Martha Mancera, protectores del narcotráfico en Buenaventura y el Magdalena Medio, así como de organizaciones criminales como el Clan del Golfo en la costa norte, con la ayuda en esos casos del fiscal subalterno Daniel Hernández Martínez, también conocido como “sicario judicial del despacho” y hoy imputado por corrupción.
(Recomiendo leer esta serie de investigación de La Nueva Prensa)
La inspección escabrosa en Subachoque la dirigió Luis González, Delegado para la seguridad ciudadana. Permitió la presencia y circulación del sujeto cuya identidad debo guardar, alteró y tergiversó la información sobre los asesinatos y en pago por esas tropelías y otras ha recibido prebendas y favores que se pagan con nuestros impuestos.
De otro lado, las corruptelas que distinguen hoy a la Fiscalía General de Colombia incluyen la destinación de fiscales para ejercer funciones administrativas, como servir tintos en las oficinas y lavar platos y vasos, mientras los demás despachos carecen en su mayoría de recursos de todas clases.
Es el caso, por ejemplo, de Margarita del Rocío Infante, fiscal delegada ante los jueces del circuito, quien hoy está al servicio del tristemente célebre Gabriel Jaimes, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema. Ella le sirve tinto y aguas a los invitados de él y lava la loza de esa área. Esto lo confirmé con diversas personas a las que esa “fiscal” les ha servido café y aguas por orden de Jaimes. De hecho, esa “fiscal” encargada de la greca y los traperos fue la que sirvió los cafés y las aguas durante una reunión de Jaimes con Álvaro Uribe y su abogado Jame Granados.
La señora Margarita del Rocío Infante recibe de nuestros impuestos un sueldo de $20.427.608.00.
En la Dirección de Lavado de Activos, como en las demás dependencias, se ha vuelto común que nombren funcionarios en provisionalidad o encargo en las posiciones de fiscal delegado, a quienes ponen a ejercer funciones puramente administrativas. Es el caso de Natalia Cortés Abril, quien de ser asistente del director Carlos Enrique Vieda Silva, pasó a ser fiscal delegada ante los jueces penales municipales y su función real consiste en hacer cuadros, matrices y vigilar el horario de otros fiscales que sí cumplen con su trabajo por menor sueldo que ella.
Parte de lo corrupto de este caso es que Cortés Abril está devengando bonificaciones por actividad judicial que no ejerce. A esos emolumentos solamente tienen derecho los funcionarios que litigan ante los jueces y tribunales. Ella, en cambio, no lleva un solo proceso y no tiene ningún despacho asignado. Me pregunto si eso no es, por lo menos, un peculado y un fraude procesal.
Fuentes enteradas me informaron que la Procuraduría le puso el ojo al asunto y Vieda Silva procedió a esconderla en su despacho, donde sigue haciendo el papel de “sapa”, con sueldo de fiscal, cargo que no ejerce.
Barbosa y Mancera están por salir de sus cargos en febrero próximo, cuando la Corte Suprema de Justicia elija a una nueva fiscal de la terna que envió el Presidente, Gustavo Petro.
El cambio de mando venidero pone en peligro el régimen de abusos y corrupción que reina actualmente, lo que está siendo contrarrestado con una catarata de ordenes de archivo de los casos criminales que más afectan los intereses de los jefes en la sombra, los cómplices, los amigos y los parientes de Barbosa y Mancera.
Los casos que aquí menciono son solamente pequeñas muestras de miles de corruptelas en la Fiscalía General de la Nación. El pasado 22 de diciembre le hice un derecho de petición a la vicefiscal Mancera con el objeto de que me conceda una entrevista, cara a cara, para ventilar casos de corrupción aberrantes a los que todavía no me he referido.
