Bruselas, 6 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) prepara una gran base de datos que recopilará, a partir de 2022, las huellas dactilares e imágenes faciales de “más de 400 millones de personas” de terceros países, para controlar la entrada y salida del espacio Schengen.
Una agencia europea encargada de supervisar los grandes proyectos tecnológicos de Defensa e Inteligencia, conocida como eu-LISA, adjudicó esta semana a un consorcio de dos empresas francesas la creación de ese sistema comunitario de cotejo biométrico (sBMS, por sus siglas en inglés).
El proyecto tecnológico será “uno de los sistemas biométricos más grandes del mundo” e integrará en su base de datos huellas dactilares e imágenes faciales de “más de 400 millones de personas” de países ajenos a la Unión Europea (UE).
El desarrollo correrá a cargo de IDEMIA and Sopra Steria, dos compañías tecnológicas con sede en París que ya han colaborado en otros proyectos anteriores de las instituciones comunitarias.
“Basado en la tecnología biométrica europea, el proyecto atenderá a las necesidades de identificación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida, siendo así la piedra angular de la protección de las fronteras europeas”, afirmaron este miércoles ambas empresas en un comunicado conjunto.
Este sistema compartido servirá para “luchar contra la inmigración irregular” y combatir las bandas criminales transnacionales al “aunar” las informaciones biométricas ya operativas a nivel nacional en los Estados miembros.
Todo ello hará posible “asegurar la protección de las fronteras externas a largo plazo”.
UN MÁXIMO DE 302 MILLONES DE EUROS
El contrato adjudicado al consorcio podrá alcanzar “un techo máximo” de gasto de hasta 302,5 millones de euros, según viene recogido en el pliego de condiciones.
La puesta en marcha, supervisión y mantenimiento de la base de datos, asimismo, tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse hasta un máximo de dos.
“Junto con nuestros socios, aportaremos la mejor tecnología y nuestro pleno compromiso de contribuir a una de las bases de datos biométricas a gran escala más difíciles del mundo en términos de precisión y tiempo de respuesta para una Europa más segura”, afirmó en el comunicado el vicepresidente ejecutivo de IDEMIA, Philippe Barreau.
El espacio Schengen permite la libre circulación de personas por 26 países europeos, incluye a más de 419 millones de habitantes y su mantenimiento resulta “clave” para la cohesión social y económica de la Unión.
UNA TECNOLOGÍA DE IMPLICACIONES COMPLEJAS
El desarrollo de las tecnologías de control biométrico, así como los nuevos avances en Inteligencia Artificial (IA) y robótica, están en el punto de mira de activistas y asociaciones de derechos digitales.
Algunas de las amenazas que las organizaciones civiles señalan son el posible uso de estas tecnologías en programas estatales de vigilancia masiva, “violaciones a la privacidad” y a los derechos fundamentales de los ciudadanos o las consecuencias penales derivadas de reconocimientos erróneos.
“La precisión de la tecnología ha aumentado considerablemente, pero ésta sigue presentando siempre un cierto grado de error que puede repercutir negativamente en los derechos fundamentales”, afirma en un informe de 2019 la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales.
Por ello, todo uso de la tecnología biométrica “debe evaluarse minuciosamente” para concretar sus repercusiones de forma precisa, sobre todo atendiendo a los colectivos vulnerables y asegurando derechos básicos como la “libertad de expresión, asociación y reunión”.
Para la federación europea de asociaciones pro-derechos digitales, European Digital Rights (EDRi), la Comisión debe tomar un papel activo para “parar de forma permanente” cualquier tipo de intrusión en la privacidad individual a través de estas técnicas.
“Al menos 15 países europeos han experimentado con tecnologías biométricas como el reconocimiento facial en espacios públicos, desplegando estos sistemas de manera que a menudo carecen de transparencia, con una preocupante ausencia de aviso a la ciudadanía y debate social”, concluyen en un informe publicado el pasado mayo. EFE
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