Tres víctimas preguntan

Este martes, 17 de enero, el Estado Colombiano despojó al general asesino Jesús Armando Arias Cabrales de las cuatro insignias más altas del país que le habían sido otorgadas por las fuerzas armadas. Esta sanción es consecuencia de un derecho de petición de Helena Uran Bidegain, Diana López Zuleta y yo, elevado en enero de 2023 ante el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien razonadamente se declaró impedido por haber sido abogado de Helena Urán en un caso relacionado con el asesinato del padre de ella, el magistrado del Consejo de Estados Carlos Horacio Urán. Nuestra petición contra el militar se basó en el holocausto del Palacio de Justicia (noviembre de 1985), que ese militar dirigió y dejó un saldo de más de cien asesinatos —entre ellos magistrados— y una decena de personas inocentes desaparecidas.

Para resolver la petición, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, fue designado ministro de Defensa Ad Hoc y a él le correspondió el honor de deshonrar —con todas las de la ley—a un general asesino. Primera sanción de esta naturaleza en la historia reciente de este país. Un hecho histórico y una decisión valerosa.

Colombia ya había sido condenada en la Corte Interamericana de Justicia por las monstruosidades inhumanas cometidas por Arias Cabrales y sus tropas en el Palacio de Justicia. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, le retiró la visa públicamente a ese asesino convicto.

En mi libro más reciente, La artillería de la libertad, publiqué un extenso relato que había guardado durante 15 años en el que el ministro de Gobierno de 1985, Jaime Castro Castro, me contó al detalle y minuto a minuto su versión acerca de la manera como el Gobierno de Belisario Betancur asistió a la crisis suscitada con la toma del Palacio por parte de un escuadrón terrorista del entonces grupo armado ilegal M-19.

Al final del relato del ministro Castro Castro recogí en el libro las preguntas sin respuestas más apremiantes que han palpitado en el corazón de tres personas que perdieron a parientes en los hechos sangrientos por los que el general Arias Cabrales es culpable y por ello está condenado en última instancia a 34 años de cárcel. Son ellos Helena Uran Bidegain, René Guarín y Débora Anaya. El capítulo con las preguntas lo reproduzco a continuación:

Tres víctimas preguntan

El paradigma general para investigar propone tener en cuenta que todo asunto tiene dos lados. Excepto, digo yo, el holocausto del Palacio de Justicia que tiene miles, todos ellos dolorosos, indebidos, inmorales, abusivos, infrahumanos, impunes, corruptos, sanguinarios… Son muchos más los interrogantes y los enigmas que las tesis y las revelaciones de cualquier tipo que hayamos conocido desde noviembre de 1985. Constituyen la pesadumbre que continúa oprimiendo las vidas de quienes perdieron asesinados a sus seres más amados en el lugar donde no podrían estar mejor resguardados y favorecidos: el Palacio Nacional de la Justicia.

Invité, como colofón del relato del ministro Castro Castro, a tres víctimas para que expusieran sus preguntas primordiales, por las que han permanecido atormentadas y a las que consideran que nunca nadie les ha dado respuestas dignas ni tolerables. Son ellas Helena Urán Bidegain, René Guarín y Débora Anaya.

HELENA URÁN BIDEGAIN, magister en estudios latinoamericanos, lingüística y cultura de medios. Es una de las cuatro hijas de Carlos Horacio Urán, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado al que el Ejército de Colombia sacó vivo en medio de los incendios y el cruce de balas en el Palacio de Justicia. Fue torturado hasta la muerte en las salas de tormento del Cantón Norte, en Usaquén, y su cadáver regresado y arrojado sobre los escombros del edificio con el ánimo de dejar la idea de que había caído allí. Helena es autora del libro revelador “Mi vida y  el Palacio”. Helena tenía 10 años en el momento del holocausto y, hoy, estas son sus eternas preguntas sin respuesta que hizo llegar al autor de este libro:

—¿Era necesario activar a más de 5.000 hombres de diferentes batallones incluso de diferentes partes del país  para controlar a 35 guerrilleros?

—¿Era necesario disparar un cañonazo de rocket contra la fachada del edificio? Si la respuesta es que se buscaba que saliera el humo, ¿por qué no se optó por romper algunas ventanas?

—¿Por qué se utilizó dinamita contra la pared del baño si se tenía conocimiento de que al otro lado de la pared habían 60 o 70 personas hacinadas?

—¿Por qué estaba escondida la billetera con toda la documentación de mi papá en una bóveda secreta de las caballerizas de Usaquén? ¿Por qué, en 22 años, nadie se la devolvió a los familiares de Carlos Uran?

—¿Si tenían la identificación de mi padre y, por tanto, estaba identificado, ¿por qué estaba su cuerpo lavado y como NN en Medicina Legal al otro día de finalizado el ataque al Palacio de Justicia?

—¿Por qué el Congreso nunca exigió respuesta a nadie del gobierno ni del ejército por el abandono y/o ataque a la rama judicial, ni después de la tragedia ni tampoco cuando se tuvo conocimiento claro, años después, de que allí se habían cometido crímenes de guerra?

—¿Por qué, a pesar de existir condenas por hechos sucedidos en torno al ataque del Palacio, aún hay militares culpables que lucen condecoraciones y medallas?

—¿Por qué nunca se le exigió al servicio de aseo que participó en la manipulación de cadáveres que contaran quién les dio la orden de hacerlo?

—¿Por qué nunca se exigió a los empleados de la Casa Museo del Florero que le contaran al país lo allí sucedido?

—¿Por qué las altas Corte no consideraron crear un lugar de memoria que honrara a todas las víctimas en el edificio nuevo del Palacio de Justicia?

—¿Por qué el nuevo edificio del nuevo Palacio de Justicia no tiene cafetería?

—¿Por qué no se enseña en la educación secundaria en profundidad sobre los hechos allí ocurridos y el funcionamiento que debería tener cualquier Estado de Derecho?  Y la función concreta de las fuerzas armadas?

—¿Por qué los medios de comunicación masiva aceptaron la censura y posteriormente no lo condenaron?

—¿Por qué, cuando visitó Colombia en 1986; el papa Juan Pablo Segundo no hizo ninguna mención a la masacre, a pesar de haber estado en la plaza de Bolívar frente al edificio en ruinas del Palacio de Justicia?

RENÉ GUARÍN CORTÉS. Ingeniero de sistemas y hermano de Cristina del Pilar Guarín, empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, asesinada por el Ejército cuando tenía 27 años de edad. Treinta años después de estar desaparecida, la familia recibió once fragmentos de huesos de ella quemados, así como restos reales de sus ropas, con la particularidad de que estos no tenían quemadura alguna. Uno de los huesos es la tercera vértebra dorsal rota, lo que sugiere que fue torturada antes de morir. Las preguntas sin respuestas de René Guarín respecto de su hermana, son las que siguen:

—¿Qué tareas desempeñó y qué medios (humanos y técnicos) entregó el gobierno de Estados Unidos al gobierno colombiano para apoyar a las fuerzas militares y de policía y a los cuerpos de inteligencia en la retoma del Palacio de Justicia?

—¿Quiénes ordenaron, quiénes ejecutaron y con qué propósito, la tarea de cortar una de las manos de Francisco René Acuña, transeúnte y empleado del almacén  Valher, fallecido en el cruce de disparos sobre la carrera octava?

—El director de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) que menos ha durado en ese cargo policial es ÁLVARO MUTIZ CORTÉS: menos de seis meses. Salió 26 días después del holocausto. Fue uno de los principales torturadores de las personas que salieron vivas y fueron llevadas por la fuerza al contiguo Museo 20 de Julio. Ahí les hacía pruebas de guantelete y, en su mayor parte, se los entregaba al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), al mando de IVAN RAMIREZ QUINTERO. Enseguida, esas personas eran trasladadas a los salones de tormento del Cantón Norte, en Usaquén, y allí las asesinaban y desaparecían. Esto se basa en los testimonios de los estudiantes de derecho EDUARDO MATSON y YOLANDA SANTODOMINGO. Tras ser capturados ilícitamente, el primero de ellos le advirtió a sus secuestradores militares y policiales que su familia era amiga íntima del general de policía Miguel Maza Márquez y del ex presidente Julio César Turbay Ayala. Al oír esto, recibieron disculpas y fueron puestos en libertad. ¿Por qué botaron de la dirección de la DIJÍN a ÁLVARO MUTIZ CORTÉS?

—¿Cuál es la razón para no investigar la participación de las mujeres en la retoma al Palacio de Justicia si las grabaciones del invidente Pablo Montaña dejan claro que el entonces coronel del ejército RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ, comandante de la Escuela de Artillería, tiene al lado una mujer que habla de las operaciones militares?

—¿Cuál es el paradero del militar oculto en toda clase de listas que entrega el Estado colombiano de participantes en la retoma del palacio de justicia y que ingresó con un tanque por la carrera octava, cuyo nombre es JAIME DE JESUS VARGAS AREVALO y de quien recibimos información de que sacó civiles en ese tanque por la misma carrera octava, que no tenía cámaras televisión?

—¿Cuál es el paradero y porqué razón omiten el nombre y cualquier tipo de investigación del sargento DUARTE, del COICI, al mando de IVAN RAMIREZ QUINTERO, encargado, según versiones recibidas por testigos que piden no mostrar su identidad, de administrar como enfermero el PENTOTAL a las personas torturadas en el COICI?

—¿Por qué razón omiten el nombre de las mujeres de inteligencia militar y su vinculación a investigaciones, mujeres que en el COICI y en el batallón Charry Solano, manoseaban a las mujeres detenidas como lo atestigua la detenida Yolanda Santodomingo?

—¿Qué motivó la condecoración o  exaltación del militar IVAN RAMIREZ QUINTERO que le entregó su superior el general RAFAEL SAMUDIO MOLINA (alias “Paladin-6”) por su desempeño en la retoma del palacio si Ramírez Quintero afirma que nunca estuvo allí, en el Palacio, y solamente envió a unas personas con álbum fotográfico? ¿Qué condecoración o exaltación al servicio es?

—¿Cuál es el motivo por el cual el coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, omite hablar del desempeño del oficial JUAN MANUEL GUERRERO PEÑUELA, quien hizo parte de las tropas bajo su mando? El señor GUERRERO PEÑUELA es hijo del general MANUEL JAMIE GUERREO PAZ, quien era en el momento de la retoma del palacio el jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS MILITARES.

—¿Qué razón motiva a que 38 años después se tengan ocultos los nombres de los militares y policías que se tomaron la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses una vez termina la retoma, ello con el fin de realizar la manipulación de los cadáveres provenientes del Palacio de Justicia y realizar seguimiento a quienes íbamos a reclamar por el paradero de las personas desaparecidas? Y, también, en ese mismo sentido, ¿la persona que ordenó y ejecutó las ordenes de dejar en un cuarto aparte de Medicina Legal los cadáveres del magistrado CARLOS URAN ROJAS y MANUEL GAONA CRUZ, fue el sargento de la policía AARON ALARCON SEPULVEDA, por orden del director de Instrucción Criminal, GUSTAVO SOCHA SALAMANCA?

DÉBORA ANAYA ESGUERRA, publicista. Hija de Norma Constanza Esguerra Forero, abogada desempleada, quien fue desaparecida en el Palacio de Justicia a los 28 años de edad. Llegó el 6 de noviembre de 1985, parqueó su viejo escarabajo Volkswagen verde frente a la catedral primada y bajó para entregar en la cafetería del Palacio adyacente un pedido de pasteles horneados por ella. En el carro quedó su hermana de madre Martha Amparo Peña Forero, reducida a silla de ruedas por invalidez perpetua. Norma Constanza, que había amanecido con fiebre, ingresó al edificio y quedó aprisionada en la mita del enfrentamiento armado que se desató en ese momento entre el Ejército y el M-19; desde entonces está desaparecida. Su hija, una niña de dos años —hoy tiene 40 y es madre de una adolescente—, había quedado en casa al cuidado de la abuela que terminó criándola. Un comerciante bondadoso de esmeraldas que pasaba ayudó a la tía enferma de parálisis a sacar el Volkswagen de la zona de guerra y lo condujo hasta la casa de ella, cerca del estadio El Campín. Las preguntas perpetuas de Débora Anaya son las que vienen:

—¿Cuál es la razón principal de los perfilamientos prejuiciosos que llevaron a que las brigadas del ejército en la retoma de 1985 clasificaran a los rehenes que salieron con vida del Palacio de Justicia?

— ¿Por qué mi mamá específicamente fue perfilada y no se encontraron ni su cédula ni su licencia de conducir en su billetera, que estaba guardada en su cartera, encontrada en el piso de la cafetería del Palacio de Justicia, la cual fue recogida por mi abuela el siguiente día? ¿Por qué sustrajeron sus documentos?

—¿Por qué los gobiernos de Colombia, tras décadas, e incluso a pesar de haber sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen negando su conocimiento previo de la toma guerrillera del M-19?, ¿acaso fueron usados los guerrilleros por los por parte de los militares como chivos expiatorios para quemar el palacio  y desaparecer así los expedientes que se llevaban contra la fuerza pública por sus constantes violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Estatuto de Seguridad? ¿Por qué no había ejército, ni policía si desde hacía unas semanas habían llegado sufragios y panfletos, y hasta una publicación periodística anunciaba que se tomarían el Palacio? Quitaron la seguridad el mismo día y no había protección en ninguna zona de la Plaza de Bolívar. Mi tía Amparo ( que aún vive) acompañó a mi mamá ese día y la vio entrar, ella, mi tía, estaba en silla de ruedas (es parapléjica) y se quedó en el carro esperándola y corroboró ante la CIDH  la veracidad de los informes que confirmaban que no había ni un solo soldado ni policía en el lugar, normalmente el más custodiado de la capital del país y que, además, había sido amenazado.

—¿Quién ordenó el ataque con tanques de guerra a un espacio cerrado lleno de rehenes? ¿Qué congruencia según el DIH tienen ese proceder y extralimitación militar?

—¿Que familias poderosas de la élite militar están implicadas en este holocausto para guardar con tanto recelo ese pacto de silencio que derrumbaría ese castillo de naipes de complicidades corruptas que se han forjado con la retoma ejercida por las fuerzas militares del país que son culpables de la desaparición forzada de personas inocentes?

—¿Quiénes son los agentes de civil que se observan a la salida del Palacio, perfilando y/o conduciendo personas a la Casa del Florero, identificados por la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture en “Huellas de Desaparición” y por qué el Estado (MinDefensa) no ha revelado sus nombres y los de los demás implicados de la fuerza pública, ni los ha llamado a rendir cuentas por los desaparecidos de la retoma a pesar del mandato de la CIDH en su fallo condenatorio contra Colombia?

—¿Por qué en Colombia la responsabilidad no llega a los máximos dirigentes, si se supone que ellos llegan a esos puestos de poder precisamente para que haya responsables de las actuaciones suyas y las de sus subalternos? Es el caso de Noemí Sanín, quien encubrió de manera vil el accionar criminal y comprobadamente premeditado de la Fuerza Pública con un ataque alevoso a la libertad de prensa, impidiendo con amenazas la transmisión en vivo de los hechos, erigiéndose su accionar en elemento fundamental para la consumación de las graves violaciones a los DDHH y al DIH perpetradas esos días por el Estado Colombiano.

—¿Por qué la narrativa imperante —tanto en estrados judiciales, sentencias, comisiones e informes de la verdad, entre otros—sigue orientada a iniciar el relato con la toma guerrillera y la posterior reacción de la fuerza pública, obviando convenientemente no sólo el demostrado conocimiento previo por parte del Estado del riesgo que corría el Palacio y sus ocupantes, sino la alevosa y criminal invitación al M-19 por parte de la Fuerza Pública, a que realizara la absurda incursión a partir del retiro de la seguridad de un lugar vulnerable y, además, amenazado por un grupo de alto impacto, como el M-19, violando así su obligación de proteger a los ciudadanos colombianos?

—¿Cómo se explica que el pedazo de cuerpo que aparentemente pertenecía a mi madre, según el precario reconocimiento que pudo hacer mi abuela en el Palacio de Justicia, tuviera “útero no preñado”, de acuerdo con Medicina Legal, y aun así le hubiera sido entregado a la poderosa familia del magistrado Serrano Abadía y no a nosotros?, ¿Tenía acaso útero el magistrado?

—¿Dónde está mi mamá, Norma Esguerra Forero? Llevan años tratando de convencernos con argumentos peregrinos e insulsos que la inteligencia del Estado, la fuerza pública y demás organismos son unos ineptos y por tal motivo no debe haber responsabilidad alguna, pero los familiares de las víctimas sabemos a ciencia cierta que no pueden alegar su propia torpeza, ya que no se trató de un acto de descuido, sino una trampa premeditada para acabar con los guerrilleros, sacrificando innecesariamente la vida de civiles inocentes, contrariando los más básicos principios de los DDHH y el DIH.