Tras 10 años de injusticia, absuelta María Piedad Mosquera

Por Gustavo Castro Caycedo.

Esta es una historia como para Rippley, sobre la tremenda “injusticia de la justicia”, (Fiscalía General de la Nación y un juez), que se ensañaron durante 10 años con una mujer que siempre fue modelo de honestidad y de demostrada transparencia en los importantes cargos que ocupó.

Fue Viceministra y  Secretaria General del Ministerio de Gobierno; Directora y Secretaria General de Inravision; Vicepresidente y presidente encargada de de Telecom; Subgerente administrativa y gerente encargada de la empresa de Energía de Bogotá; Subdirectora legal del Instituto de  Bienestar Familiar; Subdirectora legal del IDU; Secretaria General del Intra, y Secretaria de Transito de Bogotá, durante la Alcaldía de Jaime Castro, y ratificada por Antanas Mockus. Su aplicación estricta de la leyes y normas, y su celo por la pulcritud administrativa, hicieron que, cuando estaba en Inravisión, siendo yo director, los medios de comunicación la bautizaran con el nombre de: “La dama de hierro colombiana”. Décadas después, ella fue directora de ese instituto, logró recuperar 3.485 millones con un estricto plan de emergencia y austeridad.

En septiembre de 1998, el Presidente Andrés Pastrana Arango, y el Ministro de Transporte, Mauricio Cárdenas Santamaria, conocedores de la transparente hoja de vida y de su extensa trayectoria de reconocida honestidad, le pidieron a María Piedad Mosquera Astorquiza, que les colaborara en la liquidación de Foncolpuertos. Ella lo asumió, pero pronto entendió que: “aceptar ese encargo, fue el peor error de mi vida”, porque una equivocada y perversa decisión de la justicia, le robó la honra, le cobró una postración moral incalculable, la tranquilidad, el pleno disfrute de la familia y de los amigos, y todo el infierno que tuvo que vivir  durante 10 largos años de sufrimiento.

Todos esos años, ella vivió con una profunda tristeza por no poder compartir con su madre, sus hijos, sus nietos y su esposo; y sufrió además, una gran desilusión porque su honra y su buen nombre, (su mayor riqueza) se vieron afectadas. Ella, valiente y decidida, se dedicó a recaudar pruebas incontrovertibles que finalmente demostraron su inocencia, ante las diferentes instancias judiciales. El Tribunal Superior de Bogotá  y la Corte Suprema de Justicia, de  manera ecuánime, juiciosa e imparcial, se pronunciaron en su favor, y la exoneraron de todos los cargos injustamente imputados por la Fiscalía General. Además, el Tribunal  encontró, que: “en muchos casos la doctora Mosquera, emitió conceptos sobre errores encontrados que impidieron pagar la totalidad de los montos acordados, con lo que se logró un ahorro de 70.000 millones de pesos”.

Afortunadamente, aunque tarde para un ser humano que no debía nada, la justa y reparatoria decisión de estos altos tribunales, determinando que fue un injusto calvario que tuvo que vivir  María Piedad Mosquera, demostrando una vez más la necesidad de realizar un profundo cambio en la justicia y en la formación de abogados; la reforma debe consagrar mecanismos de agilización de la misma , mediante la actualización de los sistemas, la digitalización y organización de los procesos; así como la obligación de adelantar procesos de selección de fiscales y jueces con requisitos claros y exigentes; que no incluya como criterio, el número de condenas o de órdenes de captura expedidas; la implementación  de una evaluación de su desempeño; y una capacitación permanente de los mismos funcionarios  para la selección de fiscales y de  jueces de primera instancia, principalmente, que le permita a Colombia contar con funcionarios realmente imparciales; ajenos a cualquier presión, “venga de donde viniere”, y sin temor alguno por sus decisiones. 

Desde cuando inició labores, María Piedad Mosquera empezó a darse cuenta de que allí había una “olla podrida”. La oficina jurídica de Fomcolpuertos, había sido prácticamente desmantelada; allí no se encontraban documentos soportes para el pago, ni valiosos elementos de juicio..

La decisión de acabar a esa entidad se debió a las constantes prórrogas a la vigencia de ella, solicitadas al Gobierno por los anteriores directores de Foncolpuertos, no se había podido realizar, debido a que los anteriores directores pidieron prórrogas para hacerlo.

Se decidió a aceptar  encargo, porque lo vió como un gran reto profesional, y lo hizo con el compromiso de que al culminar su función regresaría a su cargo de vicepresidente de Telecom  el 1º de enero de 1999, como sucedió.

Decidió no pagar 400 mil millones de pesos  

La Doctora Mosquera, comenzó su maratónica labor para liquidar en  solo tres meses una entidad pública, lo que implicó mucho tiempo y dedicación permanente para cumplir con más de 33 funciones y  actividades señaladas en el Decreto de Liquidación, 1689 de 1997. Una de tantas era “Adelantar el Pago de obligaciones pendientes, entre las cuales se encontraba el de sentencias y acreencias laborales”.

En la ejecución de  esa obligación, comenzó su inimaginable drama. A su ingreso a la entidad encontró en su despacho una caja que nadie le había entregado, con conciliaciones firmadas por el anterior director, las cuales gozaban de la presunción de legalidad y prestaban mérito ejecutivo, ordenando el pago de cerca de Cuatrocientos Mil Millones de pesos.

Al cuantificarlas, decidió no pagarlas e inmediatamente diseñó como estrategia solicitar a cada uno de los firmantes su autorización  para revisarlas y verificar su conformidad legal y cuantitativa. Para ello se llevo a cabo una reunión con participación de funcionarios de Foncolpuertos, de las asociaciones de pensionados, los abogados y beneficiarios. Después de mucho debate se convino por escrito, que una vez realizado ese trabajo, pagaría la suma resultante del proceso de revisión, incluyendo, además, una cláusula en cada una de las nuevas conciliaciones  o reconciliaciones , en virtud de la cual los beneficiarios de las mismas , de antemano aceptaban se les descontara de sus mesadas pensiones cualquier suma que pudiere ser reconocida de más.

Informó de las medidas que estaba tomando  al Ministro de Transporte Mauricio Cárdenas Santamaria, a la Junta Directiva de la entidad, donde participaba el delegado del Ministerio del Trabajo, al que se le estaba haciendo entrega de las funciones relacionadas con las carencias laborales.

Informó, también, personalmente al Procurador General de la Nacían de entonces, Jaime Bernal Cuellar,  al Contralor Carlos Ossa Escobar y al Fiscal General Alfonso Gómez Méndez y les  solicitó la designación de funcionarios que la apoyaran en el proceso de liquidación de la entidad y de revisión de las conciliaciones, Al Fiscal  le solicitó la creación de una unidad de Fiscalía especializada para el tema de Foncolpuertos. Visitó al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y le solicito la creación de juzgados especializados para los casos de Foncolpuertos.

Como resultado de estas gestiones logró la designación de una Procuradora Judicial, en lo laboral, la  comisión de 8 auditores de la Contraloría de forma permanente en Foncolpuertos, la creación de un comité de coordinación entre los organismos de control y la dirección de Foncolpuertos, liderado por el Procurador delegado en lo penal; la  creación de la unidad especializada de delitos para Foncolpuertos en la Fiscalía y la de juzgados penales  especializados.

Algunas conciliaciones se encontraban prescritas

Obtenido el respaldo y la presencia de los Organismos de Control, procedió a la contratación de la reconocida firma Arthur Andersen y la Fundación Creamos Colombia para la revisión de las conciliaciones. La Fundación designó un grupo idóneo y especializado de profesionales y conformó una mesa de trabajo supervisada por el prestigioso abogado y tratadista, Manlio Lafont (q.e.p.d). De otra parte, está demostrado que la Dra. Mosquera en ningún momento desentendió sus deberes de vigilancia y apoyo, para que los contratistas pudieran cumplir con su trabajo.

El trabajo fue dando frutos, las conciliaciones que se iban revisando mostraban: unas que se encontraban prescritas, otras habían sido pagado con anterioridad, por sumas de diez mil millones de pesos cada una y algunas otras habían sido liquidadas irregularmente y sus valores resultaban inferiores, como era el caso de conciliaciones que originalmente habían sido firmadas por cinco mil millones y la revisión resultaba en quinientos millones y así sucesivamente.

Esos resultados fueron bien conocidos por los delegados de Contraloría y la Procuraduría que reconocieron por escrito la labor desarrollada por la Dra. Mosquera. Todo este procedimiento transparente a los ojos de todo el mundo que, no hubo  irregularidades  atribuibles a María Piedad Mosquera y por ello nadie hizo observación alguna.

Este escenario le permitió confiar en su estrategia, en los contratistas y en el resultado de su trabajo, por el ahorro evidente que se veía en las conciliaciones revisadas y por la participación de los organismos de control. Le fueron presentados para su firma los nuevos acuerdos conciliatorios, los cuales contaban con el visto bueno del Dr. Lafont, de la Procuradora judicial, del Inspector del Trabajo y de los beneficiarios. Solo entonces ella los firmó. 

Pasaron los años y en el 2005 fue llamada a la Unidad de Foncolpuertos de la Fiscalía que, paradójicamente, ella había recomendado su creación años atrás, para que rindiera indagatoria por el delito de peculado en favor de terceros; se le imputaba ese delito por haber pagado las llamadas reconciliaciones resultantes que según el fiscal “eran evidentemente ilegales” desconociendo que fueron fruto de un proceso que había sido aplaudido en su oportunidad por todos, inclusive por los órganos de control y desconociendo, también, que ella no ocasionó el daño, lo que hizo de buena fe, fue tratar de subsanarlo, al revisar las conciliaciones suscritas por el director anterior. El fiscal hizo un juicio ex ante, y no basado en el conocimiento que solo ahora, después de muchos años de investigaciones se tiene de los hechos.

Cinco años después, en el 2010, el mismo fiscal, ordenó medida de aseguramiento contra ella sin prueba alguna en su contra (Resolución del 11 de junio de 2010) y considerándola un peligro para sociedad. Fue entonces cuando comenzaron para María Piedad Mosquera y su familia, diez años de profunda angustia y sufrimiento injustificado e incomprensible.

María Piedad que jamás fue cuestionada laboralmente por algo irregular, que siempre fue una trabajadora incansable y defensora de los intereses públicos, que cumplió a cabalidad con sus funciones; que recibió condecoraciones y reconocimientos públicos por su profesionalismo en los cargos, que ocupó, se convirtió en víctima de señalamientos injustos, sin que en el expediente hubiese prueba alguna que demostrara acción delictiva en su desempeño como Liquidadora de Foncolpuertos. No obstante, el juez 16 Penal del Circuito, la condenó el   22 de septiembre de 2017, de forma arbitraria e injusta, con base en  una figura inexistente en el derecho penal; el “dolo morigerado”, y sin ninguna prueba en su contra.

La exoneración del Tribunal y de la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Bogotá  con la Sentencia del 24 de enero de 2019);   y luego la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Eugenio Fernández Carlier, el 18 de noviembre de 2020, (Radicación N° 55345), de  manera ecuánime, juiciosa e imparcial y haciendo un detenido análisis de las pruebas consignadas en el expediente, se pronunciaron en favor  de María Piedad Mosquera, y la exoneraron de todos los cargos imputados por la Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución ordenada por el Tribunal, “en reconocimiento del principio de confianza con el que ella actúo, encontrando  probado que Maria Piedad Mosquera lo hizo sin dolo  y sin la intención de permitir la apropiación ilícita de dineros del Estado en favor de terceros. Que no hubo ninguna clase de acuerdo con los beneficiarios de las conciliaciones de esquilmar los intereses del Estado”. Su actuar, “fue desprovisto de dolo e incluso más bien suficientemente precavido”.

El Tribunal  encontró que sus decisiones impidieron pagar la totalidad de montos antes acordados, con lo que se logró un ahorro de 70.000 millones de pesos”.

Agregó: “El actuar de Maria Piedad Mosquera, estuvo precedido de la buena fe y amparada en la confianza en quienes revisaron las conciliaciones y en los organismos de control que estuvieron presentes por su solicitud en Foncolpuertos”.

“Encontró por el contrario que, Maria Piedad Mosquera, tomó todas las medidas necesarias para realizar las cosas bien y no equivocarse, sin dolo y  con buena fe, y comprobó que “ ningún otro directivo, de los que también  intervinieron en la liquidación de la empresa, las  adelantó”.

 Fue evidente tanto para el Tribunal como para la Corte Suprema de justicia que: “Maria Piedad Mosquera se sujetó no solo a los estatutos de la entidad fijados mediante acuerdo 001 de 17 de marzo de 1993, sino a las pautas que ella misma implementó y organizó a nivel de la entidad para realizar la ardua tarea que se le había encomendado: terminar con la supresión de la empresa, al tiempo que también adoptó las precauciones para el manejo adecuado de los recursos públicos, tendientes a evitar la producción de un resultado dañoso como el que da cuenta la actuación, sin que se aprecie en su actuar la presencia de algún interés para sí o para terceros, de esquilmar dichos bienes”. 

“El Juez erró en sus valoraciones”

 “El Juez erró en sus valoraciones probatorias al indicar que los medios de prueba confluían a señalar a la encartada como responsable del delito de peculado por apropiación, porque privilegió la conducta objetiva, desestimando el contexto y circunstancias en las que se expidieron los documentos objeto de censura, que impiden predicar el compromiso doloso de la procesada en el resultado lesivo a la administración pública; en contraste, el examen hecho en precedencia la muestran como una administradora cuidadosa, que actuó conforme a las pautas señaladas por la empresa y por ella misma y confió en las verificaciones de las revisiones y operaciones que realizaban sus colaboradores”.

 “..No es posible deducir que el actuar de la procesada,… tenga una connotación dolosa, esto es, la intención de esquilmar el erario, como somera y apresuradamente lo concluyó el a quo o, cuando lo consideró como un “dolo morigerado”, a partir de ese solo comportamiento”…  

Es claro, que: No existía para el momento de revisión de las conciliaciones una evidente ilegalidad de las mismas “por ser grandemente conocidas”, pues tal conclusión indefectiblemente está sustentada en un conocimiento ex post, extraído de los resultados que solo con ocasión de la propia investigación fue posible develar, el cual, incluso ha sido transmitido con claridad a la opinión pública tiempo después de los hechos aquí debatidos, en decisiones de tutela, o de la misma justicia penal o de autoridades laborales. La «evidente ilegalidad” de las prestaciones conciliadas en las respectivas actas está soportada en citas de fallos judiciales de la jurisdicción laboral muy posteriores al desempeño de los cargos por parte de los dos referidos procesados, con los cuales se corrigieron o se aclararon criterios de liquidación que, justamente, habían sido acuñados o habían “hecho carrera” en la entidad con base en decisiones espurias de jueces y otros funcionarios que inescrupulosamente se prestaron al desfalco ocurrido en FONCOLPUERTOS.

La intervención posterior de la Doctora Mosquera Astorquiza, no modificó, como no podía hacerlo, el carácter vinculante de las prestaciones, (aunque espurias), reconocidas en las señaladas actas, pues el pacto que aquella celebró con los reclamantes y sus abogados al inicio de su gestión, no implicaba dejar sin efecto el carácter de cosa juzgada inherente a los acuerdos conciliatorios rememorados, sino permitir su revisión para la eventual corrección de irregularidades o imprecisiones, lo cual permitió la reducción de los valores inicialmente transados, más no determinó la concesión de prebendas laborales diferentes a las ya conciliadas…”.

Más claro no puede ser la decisión de la justicia, que 10 años después se pronunció sobre el buen nombre, la honestidad y la inocencia  de una funcionaria que siempre fue ejemplo de rectitud. Claro está que el drama con sus 10 años de dolor moral y sufrimiento, causados e incrementados por la demora de la justicia, nadie lo puede reparar; ya, quedándole a la Doctora Mosquera su conciencia limpia, y la fe siempre inquebrantable de su familia y de sus amigos, y de quienes saben de su pulcritud.

 Una de las actuaciones administrativas más elogiadas a la doctora Mosquera las logró como Secretaria de Tránsito de Bogotá, donde “metió en cintura” a los transportadores. Allí, ejecutó y puso en marcha programas tan exitosos y reconocidos nacionalmente, como la implementación del uso de las cebras, las zonas azules y amarillas, para parqueo de vehículos no soplo de servicio público. El uso, (por primera vez en Colombia), del cinturón de seguridad. La instalación de vidrios de seguridad en los vehículos de servicio público,  la implementación de medidas para mejorarlo. Luchó contra la corrupción, entregado por  concesión los patios de transito a particulares y la revisión técnico mecánica. El pago de los servicios de transito y transporte en bancos; la concesión de la  prestación de los servicios de transito a particulares; y un amplio programa de educación ciudadana en tránsito.