María M. Mur, Santiago de Chile, 6 nov (EFE).- Tras más de dos siglos sintiéndose “ignorados”, los pueblos originarios de Chile ven en la redacción de una nueva Carta Magna una oportunidad para saldar la “deuda histórica” que el Estado mantiene con ellos: el reconocimiento constitucional.
“En la Constitución no existimos, no hay ni una sola mención a los pueblos originarios, lo que hace que nuestras derechos colectivos, territoriales, políticos, educativos y lingüísticos no encuentran un canal de desarrollo”, explicó a Efe el vocero de la Plataforma Política Mapuche, Alihuen Antileo.
“Debemos ser uno de los pocos países de Latinoamérica que mantiene esta condición”, agregó a Efe el experto en asuntos indígenas y profesor de Derecho en la Universidad de Chile Salvador Millaleo.
En Chile existen una decena de pueblos originarios, que representan el 12,8 % de la población nacional y de los cuales los mayoritarios son los mapuche, seguidos a lo lejos por los aymara, diaguita, quechua y rapa nui, según el censo de 2017.
Ninguna de las tres Constituciones que ha tenido Chile desde su independencia (1833, 1925 y 1980) reconocen la existencia de indígenas en el territorio, ni tampoco sus lenguas o culturas.
Solo existen como marco jurídicos la Ley 19.253 de 1993 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 1989 pero ratificado dos décadas después.
Esa demora, apuntó Millaleo, “es síntoma de lo que pasa en Chile, un Estado que todavía es colonial, donde sus élites se piensan europeas y piensan que lo indígena es un elemento del pasado”.
ESCAÑOS RESERVADOS
Tras el histórico plebiscito de octubre en el que se decidió por un 78,2 % reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura militar, los pueblos originarios albergan “grandes esperanzas”, sobre todo porque el Parlamento debate además la posibilidad de reservarles escaños especiales en la convención ciudadana que redactará el nuevo texto.
“Nadie mejor que nosotros va a defender nuestros derechos”, indicó Antileo.
Entre sus demandas, destacan la oficialización de sus lenguas, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho al agua y las tierras ancestrales, la no discriminación o la consolidación de la consulta indígena.
“La relación con la naturaleza de los indígenas es totalmente distinta al extractivismo capitalista que tenemos en Chile”, declaró a Efe Hortensia Hidalgo, aymara y experta en Derechos Humanos y Cooperación Internacional.
Para Millaleo, es probable que no se alcance todo lo anhelado, “pero va a ser mucho más de lo que tenemos ahora”. “Hay quien habla del minimalismo constitucional. Yo no creo una Constitución tenga que ser muy detallada, para eso están las leyes, pero sí tiene que ser lo suficientemente desarrollada para que sea inclusiva”, agregó.
MEJOR CLIMA
Bolivia y Ecuador son los grandes ejemplos regionales en la autodeterminación indígena, aunque Colombia, México y Panamá también han avanzado mucho en los últimos años. Fuera de Latinoamérica, destacan Canadá y Nueva Zelanda, que acaba de nombrar a su primera canciller maorí.
“Dentro de la precariedad chilena, nosotros estamos un paso adelante porque somos considerados un territorio especial, aunque en 20 años ningún Gobierno ha querido reglamentar el estatuto de autonomía”, indicó a Efe el alcalde de la remota Isla de Pascua y líder rapa nui, Pedro Edmunds.
El no reconocimiento de sus derechos y su escasa participación en el diseño de las políticas sociales, según los expertos, implica un menor impacto de estas -los niveles de pobreza indígena doblan a los del resto de la población- y una amenaza constante a su rica cultura.
En 1979, el 49 % de la población de Isla de Pascua, en el Pacífico, hablaba el idioma rapa nui, una cifra que hoy apenas alcanza el 4 %. “Ese 4 % habla un dialecto que llamamos ‘rapañol’, mitad español mal hablado y mitad rapa nui”, lamentó Edmunds.
A diferencia de otros tiempos, Antileo considera que “hay mejores condiciones para plantear sus demandas” y solucionar el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta desde hace décadas a ese pueblo con grandes forestales y agrícolas en el sur de Chile.
Según una encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el 95% de las personas está a favor del reconocimiento constitucional, siendo la alternativa de un Estado Multicultural la que cuenta con mayor adhesión (55 %), frente al Estado Plurinacional (16 %).
“Lo importante no es el término, sino reconocer derechos políticos y no solo culturales. Chile es un país plurinacional en el hecho, pero no en el derecho”, zanjó Millaleo. EFE
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