México, 14 jul (EFE).- Senadores mexicanos advirtieron este martes a los congresos estatales que el “pin parental”, una herramienta que permitiría a las familias decidir si sus hijos reciben educación en materias sensibles como la sexualidad y la igualdad, viola los derechos humanos.
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, así como senadoras, diputadas y legisladores del Congreso de la Ciudad de México llamaron a los congresos locales a no aprobar leyes contrarias a la educación científica, laica e inclusiva.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la citada comisión, junto con un grupo de senadores, dijeron a los congresos que “como representantes populares deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en la Constitución mexicana”.
Recordaron que el artículo 1 establece la obligación de todas las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
En tanto, el artículo 3 incluye “el derecho de toda persona a la educación (…) la enseñanza debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, además deberá luchar contra la ignorancia y contribuir a la mejor convivencia humana”.
“(El pin) es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia”, dijo Micher Camarena.
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Los legisladores advirtieron que algunas personas se han pronunciado en favor de promover el pin parental, siendo esa posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión, pero alertaron que algunas asociaciones están vinculadas con posiciones ultraconservadoras.
Además, los senadores consideraron que la Secretaria de Gobernación (Interior) ha actuado correctamente para alertar a los congresos sobre las violaciones a los derechos humanos que estarían cometiendo en caso de aprobar el pin parental.
Hace una semana, la Secretaría de Gobernación señaló que las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos “despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales”.
Además, señaló que de darse ese uso habría una afectación al Interés Superior de la Niñez al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica.
Desde inicios de 2020, en al menos en cinco congresos locales de México se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos.
En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. EFE
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