Bruselas, 26 oct (EFE).- La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, aludió este lunes a la investigación de las llamadas «puertas giratorias» como uno de los retos a los que se enfrenta su oficina y calificó de «pernicioso» para la opinión pública este tipo de conflictos de intereses.
Es «pernicioso» para la opinión pública ver cómo se usan los conocimientos internos de ex funcionarios europeos «en beneficio del sector privado», subrayó O’Reilly durante su intervención en una conferencia digital para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.
Organizaciones como Corporate Europe Observatory (CEO), experta en señalar el poder del cabildeo empresarial en la UE (a menudo llamado «lobby» en inglés), consideran que la aplicación del Estatuto de los funcionarios de la UE, que regula el mecanismo para evitar las «puertas giratorias», «no es eficaz» y que la Comisión Europea (CE) «parece depender de un conjunto de restricciones que nadie aplica ni supervisa», según dijo a Efe la investigadora de CEO Margarida Silva.
En esta línea, el pasado jueves, CEO hizo público un informe en el que apuntaba que, según el departamento de Recursos Humanos de la CE, en 2019, se aprobaron 363 solicitudes de empleo en cargos «post-públicos» por parte de funcionarios, y solo se rechazaron tres.
Del mismo modo, se aprobaron 594 solicitudes de funcionarios de la UE que pidieron una excedencia o licencia personal, mientras que solo se rechazaron otras tres, según cifra el informe.
Esto se traduce en que solo el 0,62 % de las propuestas para trabajar en el sector privado durante el desempeño de un cargo público o en los dos años posteriores de su salida fueron rechazadas.
DE LA UE A FACEBOOK O VODAFONE
El informe señala algunos casos recientes de funcionarios europeos que dejaron su plaza en las instituciones y que, meses después, se incorporaron a empresas del sector privado.
Cita el caso de Aura Salla, una funcionaria que había pasado por varios puestos de responsabilidad en la Comisión, entre ellos, el gabinete del que fue vicepresidente del ejecutivo Jyrki Katainen, a cargo de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.
En mayo de este año, según el informe, y menos de tres meses después de dejar la Comisión, anunció su trabajo como directora de Políticas Públicas, y jefa de asuntos de la UE en Facebook.
También apunta a otros casos conflictivos, como el de Reinald Krüger, un funcionario que en 2018 y tras una década prestando servicio en la CE en relación con la regulación de mercados, solicitó una licencia de un año «para convertirse en director de desarrollo de Políticas Públicas de Vodafone», según CEO.
El pasado jueves, un portavoz de la CE aludió al artículo 16 del Estatuto, que recoge que los funcionarios que quieran asumir un nuevo empleo en los dos años posteriores a su salida deben solicitarlo a una autoridad competente y, si la actividad entra en conflicto con los intereses de las instituciones, se les puede prohibir que realicen ese trabajo o se les puede permitir con condiciones.
«Creo que está muy claro que tenemos reglas y medidas eficientes» actualizadas en 2014, explicó el portavoz.
Por su parte, la autora del informe de CEO, Margarida Silva, dijo a Efe que, ante este tipo de situaciones, «es urgente introducir una prohibición obligatoria de al menos dos años para todos los miembros del personal de las instituciones de la UE que accedan a nuevos puestos» que impliquen la gestión, el asesoramiento o «cualquier otra función que provoque un conflicto de intereses».
«Esperamos que las discusiones actuales sobre la creación de un organismo de ética independiente también permitan una mejor supervisión de los movimientos de las ‘puertas giratorias’ de los funcionarios», manifestó Silva para añadir que dicho organismo «necesitaría contar con los recursos necesarios y los poderes de investigación para poder hacer cumplir las reglas». EFE
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