Klarem Valoyes Gutiérrez, Bogotá, 20 may (EFE).- El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, reprochó a Brasil y al Estado colombiano por el desborde de los contagios de coronavirus en el selvático departamento del Amazonas donde la pandemia deja en tan solo un mes 1.221 infectados y 44 fallecidos.
“Lo de Leticia -capital regional- es un poco el resultado de la irresponsabilidad de cómo se ha manejado esto en el Brasil”, país con el que Colombia comparte 1.644 kilómetros de frontera, advirtió el jefe de la Procuraduría (Ministerio Público) en una entrevista telefónica con Efe.
Brasil está entre los países del mundo más afectados por la COVID-19, con más de 271.000 contagios y casi 18.000 muertos, mientras que en Colombia son 16.935 casos y 613 fallecidos.
Carrillo aseguró que como las fronteras “son porosas y la gente está entrando y saliendo de los países infectada”, Colombia, Brasil y Perú, que comparten una triple frontera, tienen que desarrollar una estrategia conjunta para contener los contagios en la zona.
“El problema es gravísimo, las fronteras han sido buena parte del vehículo de la transmisión y del contagio, hay que vigilarlas”, agregó.
Para Carrillo, ni Colombia ni el resto de países de América Latina pueden funcionar con escenarios de planeación que estaban vigentes hace tres meses, porque “la crisis que atraviesan es estructural y no transitoria”.
SALDAR UNA DEUDA HISTÓRICA
Según el procurador, “la gran vulnerabilidad” del Amazonas -que tiene una población pequeña, de menos de 70.000 habitantes-, sumada a una frágil infraestructura de salud y de escasez de recursos públicos, requiere también un enfoque diferencial para las poblaciones indígenas, mayoritarias en la región.
El funcionario advirtió que las zonas críticas, en donde están aumentando dramáticamente los contagios en Colombia, son sectores con una gran ausencia de la institucionalidad, situación que “se traduce en una escasa oferta social”.
“Esta pandemia ha revelado las grandes fragilidades en salud pública a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el problema es que el contagio se ha concentrado en algunos departamentos, donde las falencias son evidentes”, agregó.
Según el procurador, el país debe fortalecer el sistema de salud, especialmente en aquellos departamentos “donde hay grandes debilidades” y a los que se deben destinar recursos “en un ejercicio de prospectiva y planeación”.
“Por lo que dicen los científicos, esta pandemia llegó para quedarse y puede que en determinados lugares no estemos enfrentando contagios, pero lo grave es que en aquellos territorios donde el Estado ha estado tan ausente son precisamente los departamentos de frontera”, enfatizó.
MÁS PRESENCIA SOCIAL
El 13 de mayo, el presidente colombiano, Iván Duque, ordenó la militarización del paso fronterizo con Brasil situado en Leticia, capital del Amazonas, pero los líderes indígenas de la región advierten que eso no garantiza una contención efectiva del virus.
Aunque la labor militar es necesaria, especialmente en zonas donde operan grupos armados y bandas del narcotráfico, Carrillo cree que la presencia social del Estado es igual de necesaria.
“Claro que se necesita fuerza pública, principalmente donde hay grupos armados organizados, donde el narcotráfico es la gasolina de todo el enfrentamiento ilegal, pero la oferta social del Estado, que de por sí era frágil, ahora va a ser todavía más frágil”, manifestó.
Para entender las exigencias de los habitantes del Amazonas, Carrillo cree que las políticas públicas para las comunidades étnicas hay que ponerlas en marcha con un enfoque diferencial.
“Frente a las grandes ausencias y a los vacíos del Estado, lo que hay que ver es de qué manera se logran esas aproximaciones en diálogo directo con las comunidades, también para que ellos comprendan cuáles son los propósitos para tratar de mitigar los efectos de esta pandemia”, agregó.
CONTROL A LOS RECURSOS PÚBLICOS
Según Carrillo, cuando se deja a una comunidad vulnerable, como las que habitan en el Amazonas, sin el mínimo vital, la corrupción tiene capacidad de matar.
“Lamentablemente son muchos los actos de corrupción que se han presentado tanto en las gobernaciones como en los municipios. Una serie de conductas, todas aborrecibles, que tienen capacidad de matar”, dijo.
La Procuraduría lleva a cabo 54 procesos disciplinarios en 23 de las 32 gobernaciones del país y 258 en más de 200 alcaldías por irregularidades en los contratos que se han firmado por ocasión de la emergencia sanitaria.
“Es un doble pecado, además de un delito y una falta disciplinaria, que la gente se aproveche del hambre o de la precariedad de una persona para enriquecerse, pero lamentablemente lo hacen los corruptos tanto a nivel nacional como territorial”, agregó.
El procurador concluyó diciendo: “Nos vamos a encontrar con varias pandemias al tiempo, no solo la del COVID-19, sino la del hambre, la violencia, la desigualdad y tantos brotes que han estado en la historia del país”. EFE
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