Fuente: RTVC NOTICIAS
El presidente, Gustavo Petro, calificó como «golpe contra la Constitución» y «aberrante» la decisión de la Fiscalía General de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral para que se investigue si hubo ingreso de dineros ilícitos a su campaña electoral.
Las pruebas de la Fiscalía estarían fundadas en la versión entregada por el hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro, acusado por el ente investigador de «enriquecimiento ilícito y lavado de activos», tras admitir que recibió dineros de al menos de tres personas algunas con pasado delictivo o bajo sospecha, presuntamente para la campaña electoral.
«El Fiscal General compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mi, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como Presidente ahora», respondió Petro, en su cuenta de X, tras conocer la determinación.
La Fiscalía aseguró que Nicolás Petro, «en presencia de su abogado de confianza», hizo «manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial» de su padre.
En su respuesta, el Presidente calificó de «aberrante» que un medio de comunicación publicara el interrogatorio hecho por la Fiscalía a su hijo, al advertir que «la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados».
El reclamo del mandatario hizo referencia a la versión divulgada por la revista Semana que presentó apartes del interrogatorio en el búnker de la Fiscalía a Nicolás Petro en el que este aseguró que su padre «sabía perfectamente» que Euclides Torres financiaba la campaña presidencial, incluso del tema se hablaba cuando el entonces candidato visitaba el norte del país, en sus correrías políticas.
Euclides Torres es un empresario de la Costa Norte cuyo nombre se divulgó en los mensajes que intercambiaban Laura Sarabia, la exjefe del despacho de Presidencia, y el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti. Está señalado de extender su poder económico y político al hacerse con contratos en materia eléctrica y tránsito.
La Silla Vacía llamó en su momento a Torres como «próspero contratista estatal» y «cabeza de un clan político poderoso del Atlántico», ligado a Benedetti que apoyó la causa petrista en el norte del país.
Torres también apareció en los mensajes de textos que se cruzaban Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez.
El mensaje de respuesta del presidente Gustavo Petro
El mandatario se pronunció sobre la compulsa de copias de la Fiscalía en su contra y aseguró que «en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas«.
El presidente Gustavo Petro recalcó que ni al medio de prensa ni el «interrogador» de la Fiscalía comprobaron fechas y aseguró que no hay «nada irregular», puesto que se trató de «una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes».
De igual forma, aseguró que ya son ocho años de «investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme, solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país».
La posición de Petro en este mensaje augura una trama política que el país ya vivió en otro momento, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en el esquema de recolección de basuras en la capital.
En ese entonces, Gustavo Petro utilizó lo que le restaba de su mandato para agitar a sus bases políticas desde los balcones y las plazas públicas, sobre la base de una persecución en su contra y llevó el caso ante la CIDH que falló a su favor, al establecer que los órganos disciplinarios no puede remover a mandatarios electos popularmente, una decisión que sí pueden tomar los jueces.
Colprensa.