Panamá, 10 ago (EFE).- La propuesta de dar un subsidio de 75 dólares a niñas de 12 años o menos violadas y embarazadas encendió el debate sobre el abuso sexual a menores en Panamá, donde crecen las denuncias de estos casos en medio de la “insensibilidad” de una sociedad acostumbrada a ver a niñas convertidas en madres, dijeron a Efe expertos.
La impulsora del proyecto, la diputada oficialista y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Cenobia Vargas, ya anunció que pedirá durante el primer debate parlamentario, que se espera que comience este lunes, la eliminación del artículo sobre el apoyo monetario, en atención a “opiniones a favor y en contra” del mismo.
“Se va a eliminar y yo puedo hacer un ‘mea culpa’ (…) la semana pasada conocía a la niña de 11 que fue abusada sexualmente en Chiriquí y quedó embarazada. Tuve sentimiento encontrados, creo que fue lo que me motivó el artículo del subsidio (…) ver esta niña con colitas (en el cabello) todavía y un embarazo de 7 meses”, expresó la diputada en declaraciones públicas.
Vargas pretende ahora que la discusión se centre en el otro punto de su propuesta, que es crear un mecanismo que “dé un seguimiento a los pederastas” y que incluye la prohibición de que vivan cerca de escuelas o parques frecuentados por niños, como medidas preventivas para evitar que sean víctimas de estos.
Pero la discusión ya está servida, y abarca desde el amparo legal que tiene en Panamá el aborto en caso de violación hasta la educación sexual impartida en la escuela, una iniciativa que ha sido torpedeada por años por grupos que se autodenominan profamilia.
UNA PROPUESTA “CRUEL”
Para la psicóloga Eusebia Silva, de la organización Espacio de Encuentro de Mujeres, la propuesta de ley original era “cruel”, porque no se ponía “en el cuerpo y en los zapatos de una niña que ha sido víctima de un delito, que además condiciona a que tenga que parir la consecuencia de ese delito, y que encima van a darle un dinero” por ello.
“Tener relaciones sexuales con una menor de edad y dejarla embarazada es una violación. El Código Penal panameño permite el aborto en caso de violación. ¿Por qué vamos a incentivar que una niña de 12 años o menos que ha resultado embarazada por un abuso sexual se convierta en madre si se permite el aborto?”, le dijo a Efe Silva, una defensora de los derechos de las mujeres.
Para esta psicóloga, las reacciones a la propuesta vertidas en las redes sociales, varias de ellas sobre la preocupación de que el Estado tuviera otro gasto, dejaron en evidencia la “insensibilidad” de una sociedad que ha “normalizado” el ver a niñas convertidas en madres.
“Tenemos un país donde desde la década de 1970 el 20 % de los niños nacen de mujeres menores de edad, y la tasa aumentó en los últimos 10 años, está como en el 30 %. Y el Estado panameño no ha hecho nada” al respecto, aseveró.
AUMENTAN LAS DENUNCIAS DE VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES
La organización Aliados Por La Niñez y La Adolescencia pidió que la propuesta de ley sea archivada, y que se avance en la implementación de políticas públicas “que aborden las causas subyacentes que producen violencia” así como en “leyes que garanticen la protección integral” de los menores para “disminuir el creciente número de casos” de abuso sexual contra ellos.
La organización citó cifras del Ministerio Público: en el 2018 se denunciaron en Panamá 4.105 violaciones de niñas, niños y adolescentes, es decir, 64 % de todos los casos, y en el 2019 se reportó un aumento de víctimas menores de edad del 23 %, siendo en ambos años el 91 % de las víctimas niñas y adolescentes mujeres.
Ante esa realidad, la ONG propuso que se estructuren y diseñen políticas públicas de protección “para combatir la impunidad y promover la tolerancia cero de la violencia sexual” contra niñas, niños y adolescentes.
También que se asegure el acceso a una justicia reparadora y garante de sus derechos, evitando la revictimización, y que se incluya la educación sexual integral en las escuelas para poder reconocer las distintas formas de violencia, para así prevenirla y denunciarla pertinentemente”.
Otra propuesta de este grupo permanente de abogacía, integrado por 35 organizaciones sin fines de lucro, organismos internacionales y empresas privadas, es que se revisen “las sanciones y penas que se aplican a violadores, abusadores, instigadores de delitos sexuales y sus respectivos agravantes en casos de que las víctimas sean personas menores de edad”.
El Código Penal de Panamá establece penas de entre 12 a 18 años para quienes abusen, aún cuando no medie violencia o intimidación, de una persona menor de 14 años. EFE
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