Mónica Martínez, Lima, 4 nov (EFE).- Un calzón rojo de encaje es la prenda de máxima seducción en el imaginario popular y bajo ese argumento, tres jueces de Perú rechazaron una denuncia de violación de una mujer que los usaba y absolvieron a su presunto violador, en un fallo que ha indignado al país por los prejuicios machistas que sostiene.
El relato es el de una muchacha de 20 años que acude a una cita con otro joven de 22 años, toman unos tragos y el encuentro se extiende más allá de las once de la noche, la hora en que la mujer dijo a su familia que volvería a su casa.
Sin embargo, la cita se convierte en una pesadilla, pues la mujer denuncia al hombre por agresión sexual y el caso llega a los tribunales en la calurosa ciudad de Ica, al sur de Lima.
Después de meses de investigaciones, los magistrados decidieron absolver al presunto agresor por una serie de argumentos que para muchos peruanos, expertos legales y organizaciones feministas son fuente de indignación, pues muestran claramente cómo la Justicia, en lugar de proteger, revictimiza y perpetúa la violencia contra la mujer.
JUSTICIA QUE REVICTIMIZA
“A muchas mujeres y organizaciones feministas nos ha causado mucha indignación porque no es la primera vez, ni es un caso excepcional, donde la Justicia revictimiza y contribuye a esta cadena de violencias que se ejecutan contra las mujeres”, declaró a Efe la vocera del movimiento feminista Manuela Ramos, Luz Mateo.
El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo “más escandaloso”, pero “en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación”, precisó la activista.
El peritaje psicológico hecho a la víctima la describe como una persona sumisa, dependiente e incapaz de decir un no tajante, pese a lo cual los jueces dictaminaron que ese peritaje no corresponde con una persona que lleva ropa interior de color rojo.
“Han dictaminado que este peritaje no va y por eso es que hacen hincapié a su ropa interior, que era una trusa (calzón) de color rojo y con encaje”, anotó Mateo.
De hecho, en la resolución judicial se afirma que “la máxima de la experiencia” señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual.
También desvirtuaría el peritaje que dice que la mujer es “tímida”, en el sobreentendido que solo una mujer “atrevida” llevaría ese tipo de prenda.
ABREN INVESTIGACIÓN A JUECES
Manuela Ramos es una de las varias organizaciones que viralizaron en las redes sociales el lema #Perúpaísdevioladores para criticar la actuación de los magistrados Ronald Anayhuaman, Diana Jurado y Lucy Castro, que serán investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a raíz de su controvertido fallo.
El archivamiento de la denuncia fue asimismo apelado por el fiscal adjunto provincial, Carlos Guillermo Yalle, para que se realice un nuevo juicio con las debidas garantías y se anule esta sentencia.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer manifestó su “profundo rechazo” ante los argumentos de los magistrados y agregó que la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con “un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género”.
CASOS REPETIDOS
Esta situación se añade a otros sonados casos en los que la Justicia parece amparar a los agresores sexuales antes que a las víctimas que se han dado a conocer en Perú en los últimos meses y que evidencian la arraigada cultura de la impunidad en este tipo de casos.
Así, en septiembre último un fiscal decidió archivar una acusación de abusos contra Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro, al que 16 de sus alumnas acusaron de abusos sexuales, bajo el argumento de que no estaban lo suficientemente traumadas por los presuntos ataques.
Castrillón obligaba a sus actrices y estudiantes, con quienes mantenía una relación jerárquica, a desnudarse, las manoseaba, introducía su pene entre las nalgas o los dedos en sus vaginas como “técnica” de enseñanza.
También habría penetrado a una mujer que quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de apartamento para masturbarse junto a su cama, nada de lo cual parece sostener indicios de probable delito a los ojos de un fiscal.
A finales de octubre otro caso llamó la atención y generó un gran revuelo, después de que un abogado justificara una agresión sexual cometida por cinco hombres contra una mujer durante una reunión, al señalar que a la víctima “le gusta la vida social”.
#AMiMeGustaLaVidaSocial se convirtió en una etiqueta utilizada en redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok, bajo la cual grupos feministas y mujeres de distintos ámbitos de la vida social peruana denunciaron los prejuicios y argumentos utilizados para amparar a los violadores.
CULPA A LA MADRE
El caso de la absolución del presunto violador, además de asumir una responsabilidad de la víctima por sus prendas, también recoge otras culpas, como el hecho de que la denunciante había bebido alcohol voluntariamente con su agresor y que era mayor de edad.
Además, según denunció Mateo, se pretende trasladar la responsabilidad del delito a la madre de la mujer, por no haber cuidado de su hija.
Mateo indicó que los magistrados señalaron que “la mamá no busca a su hija después de las 11 de la noche, hora en que quedó en llegar a su casa, y entonces la responsabilidad se traslada a la madre”, pues el juez dice que “el impulso de una madre es ir a buscar a su hija cuando no aparece”.
“Básicamente, lo que hace la sentencia es justificar la violencia, pero parte de este cuestionamiento que se hace al testimonio de la víctima”, afirmó la vocera de la organización feminista.
BORDEAN LAS 7.000 DENUNCIAS POR VIOLACIÓN
Las cuestionadas actuaciones de los operadores de justicia, como en el caso de Ica, son un motivo por el cual muchas víctimas de violencia sexual evitan denunciar, pues temen ser enjuiciadas por su forma de ser o incluso de vestir.
En este año de pandemia, entre enero y septiembre, Perú registró 6.893 denuncias de violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde el 30 % de las víctimas fueron menores de edad, pero las organizaciones feministas sostienen que los casos reales deben ser muchos más. EFE
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