Por Jessica Giraldo Quintero | 13/08/2021.
Las protestas sociales han hecho evidente la importancia de un trabajo conjunto entre la ciudadanía y las entidades del Estado para superar la problemática por las que atraviesa el país, modificando y reevaluando el papel de cada una de las partes que intervienen en el conflicto.
Es primordial que tanto la fuerza pública como los civiles, sean conscientes de las consecuencias de su proceder.
A pesar de que en la Constitución y en el Código Penal la Policía está contemplada como un ente civil, los delitos por los que han sido señalados los agentes, son investigados y sancionados dentro la justicia militar.
Por ello, manifestantes, expertos y políticos creen pertinente una reforma de la fuerza pública, a raíz de las denuncias presentadas sobre abuso policial en el marco del reciente estallido social que dio inicio en noviembre de 2019.
Alejo Vargas, un veterano experto en seguridad de la Universidad Nacional en Bogotá, habla sobre las singularidades del caso colombiano. Afirma que la policía se emplea incluso en situaciones en las que debería actuar el ejército y viceversa, creando una “Policía muy militarizada y un ejército muy policial”.
Vargas también explica cómo la Policía en Latinoamérica experimentó reformas en el tiempo, pero en Colombia el conflicto armado no lo permitió, constituyéndose como una forma de supervivencia del Estado, aunque necesario en algún momento, generó una Institución que se reforma y controla así misma careciendo de algún órgano que la regule.
Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, afirma que la Policía no cuenta con orientación o liderazgo civil que determine sus funciones, pues al hablar con policías o militares manifiestan una sensación de orfandad, ya que ningún civil les monitorea para verificar si están cumpliendo, o no, las Políticas de Estado.
Ante la necesidad evidente de algún tipo de control a la Institución, se plantea que esta pase a ser parte del Ministerio de Justicia o del Interior para así poder establecer protocolos de control, sanción y capacitación en Derechos Humanos y puedan responder en criterios civiles en vez de militares.
Los jóvenes que se han manifestado en las protestas expresan la necesidad de un cambio de fondo, no solo una reforma policial, pues Colombia necesita superar la violencia, desigualdad y corrupción.
Es por eso, tras once reuniones realizadas con jóvenes manifestantes, se han propuesto algunos proyectos de ley, entre ellos se encuentran, no solo pasar la Policía al Ministerio de Justicia, también la creación de estrategias para enfrentar el desempleo juvenil y fortalecer la educación sexual.
Esta iniciativa se llama “Los Jóvenes tienen la Palabra” que presentarán cinco proyectos de ley como resultado de más de dos meses de reuniones, destacando el deber que tiene cada colombiano de manifestarse y, además, proponer soluciones apropiándose de su papel como ciudadano responsable e informado.