Buenos Aires, 14 dic (EFE).- Tras ser aprobada en la Cámara de Diputados el viernes de la semana pasada, la legalización del aborto comienza este lunes a debatirse en tres comisiones del Senado argentino, con el objetivo de llevarlo al pleno el 29 de diciembre próximo.
La iniciativa legislativa se debate desde hoy en las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud, y para que se pueda tratar en el recinto general será necesario un dictamen positivo de parte de los senadores que participan de esas reuniones, que finalizarán este jueves.
El proyecto, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, fue redactado y girado al Congreso por el Ejecutivo de Alberto Fernández, y tiene la intención política de aprobarlo antes de fin de año.
De hecho, dos ministros participan del debate hoy en las comisiones: la de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Salud, Ginés González García, así como la secretaria de Legal y Técnica y redactora del proyecto, Vilma Ibarra.
Pero debido al reglamento que rige el Senado y los días no laborables por las fiestas navideñas, recién podría ser debatido el 29 de diciembre próximo.
En 2018 ya se trató por primera vez un proyecto para legalizar el aborto, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), pero los senadores rechazaron por siete votos la iniciativa aprobada en Diputados, debido a que muchos de ellos representan provincias conservadoras.
Actualmente, pese a la mayoría oficialista en la Cámara Alta, se observa un empate técnico en los recuentos anteriores a la votación.
Sucede que hay libertad de conciencia más allá de los colores partidarios para votar el proyecto. Pero puede haber sorpresas, ya que, por ejemplo, seis diputados cambiaron su voto este año respecto de 2018, según estimaciones.
De hecho, la senadora oficialista y presidenta de la comisión Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que el 17 al mediodía le gustaría hacer la reunión de senadores para poder firmar el dictamen. En cambio, el senador oficialista José Mayans ha declarado que la Constitución argentina “protege la vida desde su concepción”.
Por eso se especula con la posición que podría tomar la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Senado, para desempatar ante la paridad de las posiciones.
Sin embargo, el hecho de que sea la segunda vez que la legalización del aborto llega al Congreso ofrece un debate más sereno que el que se abrió hace dos años.
Además, en esta ocasión la votación en Diputados dio como resultado una victoria mayor para la aprobación.
El oficialismo también realizó modificaciones al proyecto para lograr un mayor consenso y lo acompañó con un “Plan de los 1000 días” que protege a la embarazada y al niño en los primeros tres años de vida.
POSTURAS
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará acciones presenciales el 17 de diciembre en el Congreso y en las plazas principales de cada provincia a la espera del dictamen. Y ya ha convocado por las redes sociales a una vigilia para esperar la sanción definitiva.
En cambio, la Unidad Provida ha llamado “héroes” a los 117 diputados que votaron en contra de la legalización. Y el Episcopado Argentino se respalda en la postura del papa Francisco, argentino, sobre la “cultura del descarte” que entiende se aplicaría en una legalización del aborto.
LOS DETALLES DE LA LEY
Actualmente solo se permite abortar legalmente en Argentina si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, según el Código Penal de 1921.
Si el nuevo texto es sancionado, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto legal, seguro y gratuito, dentro del plazo de 14 semanas establecido -y más allá si el embarazo fue fruto de una violación o corre riesgo la vida materna-, en un tiempo máximo de 10 días desde su requerimiento.
Las menores de 13 años podrán hacerlo mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, y las que tengan entre 13 y 16, si el procedimiento se hace de forma invasiva y no con un medicamento, de forma que quede comprometida su salud, deberán dar consentimiento con la asistencia de sus progenitores o tutores.
Asimismo, las mayores de esa edad se considera que tienen “plena capacidad” para pedir la interrupción del embarazo.
Respecto a la objeción de conciencia, tendrán derecho a ejercerla los profesionales que intervengan en el aborto, pero deberán derivar “de buena fe a la paciente” a otro profesional “sin dilaciones”. EFE
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