Intentos por deslegitimar a las instituciones de derechos humanos en América Latina

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Por Daniel Eduardo Jiménez Zambrano | 13/05/2021.
Distintas organizaciones que velan por el cumplimiento de los DIH denuncian interrupciones en su labor por parte de los gobiernos de turno, parlamentarios y grupos de autodefensas.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denuncian ataques a las misiones humanitarias en el continente latinoamericano, advierten de la falta de garantías y el riesgo de perder la independencia para llevar el control de su trabajo en la búsqueda de que los Gobiernos sean garantes de derechos. Por tal razón Michell Bachelet, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, evidenció los ataques arbitrarios que han presentado las Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos y Oficinas del Ombudsperson, en los últimos dos años.

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Presiones

Los reportes de incidentes radican en los países de Bolivia, Chile, El Salvador, México, Uruguay, Guatemala, Haití, Perú y recientemente Colombia en el marco de las manifestaciones. Las denuncias advierten desde ataques a las instalaciones de las organizaciones, hasta destituciones presionadas por los gobiernos, parlamentarios y grupos de autodefensas, vulnerando de forma directa la independencia para el laburo de los Derechos Humanos, tomando como ejemplo que hace 10 años no se designa a un Defensor del Pueblo en Argentina.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, declaró la Alta Comisionada.

Llamado a los Gobiernos

La Oficina del Alto comisionado llama a los Gobiernos a no observar a las instituciones como un reto para sus mandatos, sino como una ayuda que les permitirá atender de manera eficiente a la población para garantizar, no solo los Derechos Humanos, también otros temas que tienen injerencia directa en materia de políticas públicas.

Bachelet instó en elevar las denuncias a las autoridades respectivas para la investigación oportuna de los hechos de trasgresión y ataques a las Organizaciones.

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