Edimburgo (R. Unido), 3 jul (EFE).- La delegación británica de Greenpeace ha sido declarada culpable de “desacato” por un tribunal escocés, que le ha condenado a pagar 80.000 libras (88.000 euros) por violar la prohibición de realizar una protesta en una plataforma que la petrolera BP gestiona en el mar del Norte.
Durante una sesión virtual, la jueza Sarah Wolffe, del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, dijo que Greenpeace admitió haber violado, en dos ocasiones, la orden que prohibía a los activistas abordar la plataforma ubicada en aguas del Cromarty Firth (norte escocés) en junio del año pasado.
El 9 de junio de 2019, varios miembros de Greenpeace se acercaron hasta la plataforma en el barco Arctic Sunrise, y dos de ellos lograron subir para desplegar una pancarta en contra de las acciones de las petroleras que favorecen la crisis climática.
El objetivo, según declaró entonces la organización ecologista, era paralizar la perforación de pozos de petróleo en el campo de Vorlich, en el norte de la región británica, hacia donde se dirigía la plataforma, unos trabajos que lograron retrasar 12 días.
La empresa Transocean, propietaria de la plataforma, consiguió entonces que la Justicia emitiera una prohibición temporal que impedía a cualquier persona relacionada con Greenpeace estar en la plataforma o acercarse a menos de 500 metros de ella.
Cinco días después, otros dos miembros de Greenpeace subieron a bordo de las instalaciones para desplegar una pancarta en contra del impacto que las actividades petroleras tienen en el medio ambiente.
La Policía escocesa detuvo a 14 personas por estos incidentes.
Para la magistrada Wolffe, la acción supuso “un desafío deliberado de la orden” de prohibición, por lo que afirmó que Greenpeace es “culpable de desacato al tribunal”.
Destacó que los condenados por desacato pueden ser encarcelados hasta dos años y advirtió de que había considerado dictar una sentencia para el director ejecutivo de Greepeace Reino Unido, John Sauven, que hubiera implicado posible cárcel, pero decidió ejercer “la clemencia” y “delimitar la sanción a una multa”.
“Es fundamental para el estado de derecho que se obedezcan las órdenes judiciales”, recalcó.
Sauven afirmó estar “decepcionado” porque “el operador de plataformas de BP Transocean haya tratado de castigarnos por tratar de proteger el planeta”.
“Nuestra campaña no termina aquí y seguiremos luchando para evitar que la industria petrolera arruine nuestro clima”. EFE
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