Washington, 10 jul (EFE).- Un tribunal federal de Massachusetts continúa este viernes sus audiencias sobre la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de denegar las visas a los estudiantes extranjeros que tomen cursos totalmente en línea, en una decisión que se espera para antes del próximo miércoles.
La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés) encabezaron una querella judicial el miércoles pasado pidiendo que se suspenda o se anule la decisión del Gobierno, anunciada el lunes por la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), por considerarla “arbitraria y caprichosa”.
En la audiencia inicial, el jueves en Cambridge, la jueza Allison Burroughs señaló que el Gobierno mismo creó la necesidad de una decisión rápida al imponer un plazo hasta el 15 de julio para que los colegios y universidades informen a ICE sobre sus planes de clases para el semestre de otoño (hemisferio norte).
Según el Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende ICE, en EE.UU. hay aproximadamente 1,1 millones de estudiantes extranjeros con visas de este tipo.
De acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes extranjeros aportan una contribución económica de 41.000 millones de dólares anuales y sustentan más de 450.000 empleos en el país.
Entre las universidades que se han sumado a la demanda están la de Pennsylvania, en la cual se graduó Trump, las de Cornell, Yale, Princeton, Darmouth y Northeastern. Debido a la pandemia de la COVID-19, muchas universidades han ampliado su oferta de cursos en línea, contrariando la presión del Gobierno para que se reanuden las clases normales con asistencia presencial en las aulas.
Los senadores de Massachusetts, Elizabeth Warren y Ed Markey, enviaron una carta al Gobierno indicando que “el anuncio de ICE de su plan de expulsar o deportar a los estudiantes extranjeros que permanezcan en universidades de EE.UU. tomando cursos en línea es cruel e irresponsable”.
Durante la audiencia del jueves, el abogado Bill Lee, que representa a Harvard y el MIT, dijo que el nuevo requisito ha causado trastornos considerables tanto a los centro como a los estudiantes.
“Honestamente, su señoría, estamos inundados con pedidos y preguntas debido a las medidas aplicadas en las fronteras”, dijo Lee citando el caso de un estudiante de Bielorrusia a quien se le impidió el miércoles que abordara en Minsk un avión para acudir a Harvard.
El fiscal federal Rayford Farquhar, que defiende la decisión de la Administración de Trump, pidió más tiempo para responder a la demanda y dijo que aunque el plazo dado hasta el 15 de julio “es significativo para los demandantes”, añadió que será difícil coordinar una respuesta de las varias agencias gubernamentales involucradas.
La jueza Burroughs dejó claro que algo debe hacerse antes del 15 de julio, y añadió que el gobierno tiene dos opciones: deja en suspenso brevemente la medida para permitir una respuesta, o pasar directamente a una audiencia preliminar la semana próxima para discutir la validez de la medida.
El miércoles, el presidente de Harvard, Lawrence Bacow, emitió una declaración en la que dijo que “la orden de ICE es una mala política pública” que además creen que “es ilegal”.
“Llevaremos adelante el caso con determinación para que nuestros estudiantes internacionales y los estudiantes extranjeros en instituciones de todo el país puedan continuar sus estudios sin la amenaza de deportación”, añadió Bacow.
Gregory Washington, presidente de la Universidad George Mason (GMU), en Virginia, dijo que la medida “podría forzar a cientos de miles de estudiantes a abandonar Estados Unidos y amenaza con interrumpir la labor académica de más de 3.000 estudiantes” en ese centro.
La demanda pide que se anule la orden de ICE, que califica de “arbitraria y caprichosa”, que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo cuando dos semanas atrás encontró carente de argumentos el decreto del presidente Trump que en 2017 dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes de la deportación.
También este jueves, el fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció una querella de ese estado contra el gobierno por “amenazar con deportar a estudiantes internacionales” en el contexto de la pandemia del coronavirus.
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La Universidad de California también dijo este miércoles que presentará una querella contra el Ejecutivo por “violar los derechos de la universidad y sus estudiantes” al prohibir el ingreso de los alumnos internacionales.
Estas demandas buscan un bloqueo temporal de algún tribunal de instancia estatal de una medida que la Universidad de California ha considerado “arbitraria y dañina” para el país.
Casi un centenar de legisladores federales, tanto senadores como representantes de la Cámara Baja, exigieron este jueves en una carta que la Administración Trump suspenda esta normativa, que quitaría a los estudiantes internacionales sus visas si sus cursos están completamente en línea cuando las clases se reanuden.
La pandemia ya ha causado demoras en el procesamiento de las visas y el trámite para los estudiantes debería completarse antes de fin de julio, pero debido a la preocupación por la salud de alumnos y profesores, muchas universidades han anunciado una combinación de clases presenciales y cursos en línea.
Ken Cucinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional del cual depende el ICE, dijo que la nueva norma “alentará a las universidades a reanudar sus actividades”.
Beth Kontos, presidente de la Federación Estadounidense de Docentes, dijo que “esta decisión hay que llamarla por lo que es: un presidente racista que insiste en su estrategia fallida de negar las realidades de la crisis de salud y que renueva su campaña de odio contra los inmigrantes”. EFE
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