Bruselas, 23 oct (EFE).- Una decena de parlamentarios de nueve países de todo el mundo se han unido para crear la Alianza Ecocidio, una plataforma que aboga por el reconocimiento de los daños ecológicos y medioambientales muy graves a nivel internacional y, en particular, que castigue en la Corte Penal Internacional (CPI).
La iniciativa, impulsada por la diputada del Parlamento Europeo (PE) por el grupo de los Verdes/ALE, Marie Toussaint, tiene como uno de sus objetivos facilitar que se alcance consenso sobre la definición de ecocidio.
“Se está debatiendo a nivel internacional”, manifestó la eurodiputada en una rueda de prensa telemática para la presentación de la iniciativa, pero “es imprescindible trabajar para llegar a la mejor definición posible a nivel internacional, especialmente en la CPI, pero también en nuestros niveles nacionales”, añadió.
Respecto a los países de la Unión Europea (UE), lamentó, “no tenemos una ley ambiental genuina, plena y sincera”, en opinión de la eurodiputada verde.
En la iniciativa también participa la diputada española de Más País-Equo Inés Sabanés, quien durante la presentación manifestó la importancia de dar una perspectiva internacional a problemas medioambientales: “Las iniciativas locales son una lucha muy importante pero no pueden ser resueltas sin una mirada global”, subrayó.
“Esta Alianza es una forma de reforzar los esfuerzos locales y de tener una mirada global desde nuestros respectivos países”, manifestó Sabanés durante la presentación, quien destacó que también es importante “impulsar cambios en las legislaciones nacionales”.
La diputada española planteó tres retos: “Pelear en cada país” para que las normativas nacionales “se mejoren y se cumplan”; “vigilar el cumplimiento internacional de nuestras multinacionales fuera”; y una normativa “de amparo”, esto es, “un paraguas internacional” que reconozca el ecocidio como un delito global.
En esta alianza participan parlamentarios de países como Filipinas o Brasil, donde en ocasiones los activistas por el medioambiente se enfrentan a graves consecuencias.
“De acuerdo con la ONG Global Witness, Filipinas es el país más peligroso para los defensores del medioambiente”, alertó Eufemia Cullamat, miembro de la Cámara Baja del parlamento filipino.
Por su parte, el miembro de la Asamblea Federal de Brasil, Rodrigo Agostinho, lamentó que en su país “las personas que destruyen la selva no tienen ningún castigo, no se les considera responsables y no hay ninguna consecuencia” debido a la “tolerancia” del Gobierno, “y necesitamos la ayuda de todos”, añadió aludiendo a la importancia de que se lleven a cabo iniciativas como esta Alianza.
En términos similares se expresó el concejal de la ciudad estadounidense de Port Angeles, Lindsey Schromen-Wawrin, quien explicó que dentro de los EE. UU., “la falta de estándares universales para una decencia básica” tiene efectos “en lo que los ciudadanos consideran que está bien” y subrayó la importancia de esos mínimos: “Si nuestro estado tiene estándares, también tendremos más desarrollo comercial”, concluyó.
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