Lima, 12 nov (EFE).- El expresidente peruano Martín Vizcarra, destituido el lunes por el Congreso, acudió este jueves a la Fiscalía para responder sobre la denuncia de presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014), caso que determinó su salida del Ejecutivo.
“Nos encontramos cumpliendo con el compromiso que siempre hemos asumido con la justicia. Hoy nos presentamos ante la citación del fiscal (Germán) Juárez Atoche y vamos dar toda la información que requiera”, dijo Vizcarra a los periodistas antes de ingresar al despacho fiscal.
El caso abierto en forma preliminar contra Vizcarra se remonta a los años en que estuvo al frente del gobierno regional de Moquegua y se aprobó la adjudicación de los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Según las declaraciones de aspirantes a colaboradores de la fiscalía, Vizcarra recibió 2,3 millones de soles (600.000 dólares) en sobornos para favorecer a las empresas ganadoras, las cuales también son investigadas por supuestamente pertenecer al “club de la construcción”, compañías que se disputaron obras públicas a cambio de aportes ilegales.
ENTREGA PASAPORTE
Para certificar su deseo de colaboración con la justicia, Vizcarra indicó que ha dejado su pasaporte con el fiscal porque no tiene intenciones de dejar el país.
“Como ciudadano, no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, expresó el exmandatario en alusión a las conductas que tomaron algunos de los investigados por corrupción en el país.
Asimismo, Vizcarra remarcó que “como muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario y de las comunicaciones”.
El exgobernante es investigado por los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir, cargos que rechaza pues sostiene que los procesos de adjudicación estuvieron en manos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), donde no tuvo intervención alguna.
Sin embargo, uno de los supuestos aspirantes a colaboradores es el exministro de Agricultura José Manuel Hernández, que ocupó el cargo durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y muy cercano a Vizcarra en los últimos años.
LEGITIMIDAD DE SUCESOR
Sobre la crispación política que ha generado la asunción del titular del Congreso, Manuel Merino, a la presidencia de la República, Vizcarra opinó que también está preocupado porque “como todos ustedes saben, desde el día martes lo afirmamos y comunicamos que el Perú estaba con un problema de que la autoridad tenía duda de legalidad y legitimidad”.
En ese sentido, criticó la designación del veterano político conservador Ántero Flores-Aráoz como presidente del Consejo de Ministros porque significa “como volver al pasado, a la política tradicional”.
Además, Vizcarra hizo un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones de protesta contra el nuevo gobierno porque “la protesta es un derecho ciudadano y que mientras no haya afectación a los bienes públicos ni privados tiene que permitirse la manifestación”.
Vizcarra acudió al interrogatorio de la fiscalía acompañado por su abogado Fernando Ugaz, quien días antes manifestó que buscarían dar un mensaje de sometimiento a la justicia, al acreditar su arraigo laboral y familiar en el país. EFE
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