Santo Domingo, 4 jun (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una solicitud para que se investigue la muerte en 2012 de una adolescente dominicana con leucemia después de que los médicos se negaran a aplicarle quimioterapia por estar embarazada de un mes, se informó este jueves.
Se trata de la menor Rosaura Almonte, conocida como Esperancita, quien falleció a los 16 años después de que se le diagnosticara leucemia y al mismo tiempo un embarazo de un mes.
Aunque necesitaba quimioterapia, no se la iniciaron a tiempo porque los médicos dieron prioridad al embarazo, según la denuncia de la familia y de colectivos que defienden los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto en algunos casos.
Después de mes y medio internada en un hospital de Santo Domingo, la adolescente murió en agosto de 2012 “por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado”, agregan.
Tras su muerte, su madre, Rosa Hernández, inició varios procesos legales en el país que no fueron resueltos satisfactoriamente, por lo cual en agosto de 2017 acudió a la CIDH, quien en diciembre de 2018 admitió a trámite la solicitud y ahora la ha acogido.
En un comunicado en el que dio a conocer la admisión del caso, la organización Women’s Link Worldwide, representante legal de Hernández, señaló que la Comisión analizará “la violación a los derechos” de Almonte, al tiempo que estudiará los hechos en relación con un “contexto de discriminación estructural de género” en el país, donde el aborto está prohibido en todos los supuestos.
Selene Soto Rodríguez, abogada de Women’s Link Worldwide, aseguró en el comunicado que “este proceso es una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación para Rosa Hernández, a través del reconocimiento de las fallas de los sistemas de salud y de justicia” en el caso Rosaura.
A la vez, “es una oportunidad para avanzar en la eliminación de la discriminación estructural que menciona la CIDH y que se traduce en la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como educación sexual, anticoncepción, atención de calidad durante el embarazo y el parto, y acceso a abortos seguros cuando se requieren para proteger la salud e integridad de las mujeres”.
“Ninguna mujer debe morir o estar en riesgo en República Dominicana por causas asociadas con el embarazo”, apuntó.
En declaraciones a Efe, Hernández, dijo sentirse “confiada” por la decisión de la CIDH, que, en estos momentos, “lo representa todo” para ello, debido a la falta de Justicia en su país, donde, aseguró, “no se ha presentado un solo fiscal” a preguntarle qué pasó con Rosaura, su única hija.
“A cualquier mujer o niña le puede pasar lo que le pasó a mi hija. Fue un atropello al derecho a la vida. Se dedicaron (los médicos) a salvar un embarazo de un mes y no en la vida de mi hija de 16 años”, se lamentó Hernández.
Y lo peor, subrayó, en su país “no ha habido respuesta” a sus más de siete años de reclamo.
El caso de ‘Esperancita’ revivió el tema del aborto en el país, donde la interrupción del embarazo está prohibida en todos los supuestos.
Diversos colectivos llevan años reclamando la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es inviable y cuando es el resultado de una violación o incesto.
El Código Penal dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todas las circunstancias. EFE
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