Por Gustavo Castro Caycedo
El gobierno, y su vocera, la señora Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen Abuchaibe, se equivocan al dar órdenes informativas dictatoriales, y en amenazar a las empresas de información privadas, y por ende, a los periodistas.
Pareciera que no resulta suficiente que, aparte del cubrimiento diario sobre la acción gubernamental antivirus, que dan los MECS, (Medios de Comunicación Social); y que el Presidente de la República se haya apoderado de una franja en hora AAA de todos los canales de televisión, para repetir cada vez lo mismo en 60 minutos, lo cual podría hacer en un boletín de cinco.
En sus 76 años nunca hubo un abuso igual con la TV
Nunca en los 76 años que tiene la televisión colombiana, jamás, ningún gobierno se “tomó” a la brava la TV, ni siquiera cuando la dictadura del General Rojas Pinilla, o en el mandato del presidente Turbay, que hacían un notorio pero nunca exagerado uso de ella. Ni durante la tragedia de Armero, los terremotos de Popayán y Caldas, la guerra y los gravísimos hechos de orden público; las trágicas inundaciones, deslizamientos, epidemias como la gripa Asiática, el Ebola, el SIDA, la gripa Aviar, la gripa Porcina; ni cuando las oleadas terroristas, o los “mil” infortunios que han sacudido al país.
En la cuestionada campaña para construir una buena imagen presidencial, y en otros gastos, como la compra de camionetas y otras cosas secundarias, se han gastado más de $40 mil millones de pesos; pero no hay dinero para asuntos prioritarios, fundamentales, como los elementos de protección que claman desde hace más de dos meses los médicos, las enfermeras y los trabajadores desamparados desoídos, y depreciados por los “zares oficiales de la salud.
Hace tres semanas escribí una columna que titulé: “Gobierno sigue ignorado clamor de los médicos”; porque me indigna y me da coraje ver y oír las noticias, y saber por ellas que hasta hoy han muerto 11 médicos y enfermeras, víctimas del COVID-19. Que hay 376 auxiliares de enfermería, 224 médicos y 151 enfermeros contagiados. Si eso siento yo, cuál no será la aflicción y el dolor de los trabajadores de la salud que hoy están desamparados: ¡Solos! Las organizaciones médicas dirigieron el miércoles 3 de junio, una enérgica carta de rechazo y denuncia al presidente Duque, sobre tan grave asunto que los afecta por la desidia oficial. Dicen: “No han tenido efecto los anuncios de protección y de mejoras laborales a quienes le hacen frente a la pandemia del COVID-19. Esta voz de protesta es porque nos sentimos totalmente abandonados por el Gobierno”. Y no dejante este capítulo, se ven obligados a rectificar y rechazar una insultante declaración del Minsalud contra el gremio Médico.
La “ronda” irresponsable de miles de millones de pesos, a pesar de la orfandad de dotaciones básicas en los hospitales desamparados por desidia, en los que la pandemia hace estragos. Y hogares para ancianos en los que el abandono y el coronavirus van de la mano con la muerte. Sí, hay dinero para malgastar hasta en vanidades de medición de imagen del Ejecutivo, ($500 millones más), mientras el hambre mata niños en la guajira, en Cali, en el Chocó, y en muchos pueblos y ciudades sin presencia del Estado, desatendidas por entes como como el ICBF, el ministerio de Salud, que ni se inmuta.
El Procurador Carrillo, puso en su sitio al Invima
También ha estado presente la ineficiencia de entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, que actúa presto para otorgar algunas licencias cuestionadas, pero que pareciera “socio del coronavirus”, porque algún, o algunos de sus funcionarios sin entender el drama que encierra, entrabaron un permiso para que la Fábrica de Licores de Antioquia le regalara 70.000 litros de alcohol a los hospitales, y a los pobres. Y luego “engavetaron” y dilataron una licencia para que importantes universidades pudieran fabricar los respiradores mecánicos que salvan vidas, y que clama toda Colombia. Si no es por la enérgica y contundente intervención del Procurador Carrillo, que puso al Invima en su sitio, se habrían malgastado con su desidia, más semanas para luchar contra la muerte.
El jueves 12 de marzo, el (Invima), informó públicamente: “No hay desabastecimiento de tapabocas”. Pero luego, dijo: “Sí hay su escasez”.
Dos graves antecedentes, figuran en los MECS: el Gobierno Nacional, mediante comunicado oficial del Invima, el primero de marzo pasado, hizo un llamado a los colombianos sobre el manejo responsable del tapabocas y señaló: “solamente lo deben usar las personas que están enfermas o que están al cuidado de un enfermo”. Y recalcó: “Si usted no está enfermo no necesita usarlo. Los tapabocas son para pacientes que ya tienen síntomas de infecciones respiratorias. Este no sirve para protegerse del virus; para ello se recomienda el uso de gel anti bacterial, y lavarse las manos”.
El siguiente es el mandato intervencionista, perentorio, absolutista y avasallador a los MECS, con el que el gobierno, a través de la Señora ministra: “Ordena a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea suministrada por este ministerio, en horarios de franjas de alta audiencia, y de acuerdo con los lineamientos del ministerio de Tecnologías de la información y la Comunicaciones. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen un carácter preventivo, obligatorio y transitorio, y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar”.
El Artículo 20 de la Constitución Nacional consagra: “Toda persona tiene la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones; la de informar y recibir información veraz, e imparcial. Estos son libres y tienen responsabilidad social”. La Carta Magna, garantiza: “En Colombia no habrá censura”. Se nota una especie de acento nazi en la amenaza de aplicar las sanciones a que haya lugar a quienes no obedezcan las órdenes transmitidas por la Señora ministra Abudinen. ¿Sanciones a cuenta de qué? Los medios han estado firmes, solidarios, y al servicio de la gran emergencia. Y creyendo en la veracidad de algunos reportes oficiales que resultaron especulaciones; de anuncios y promesas que han sido incumplidas; de cifras pandémicas manipuladas; y de falsos datos sobre la curva maldita”.
¡Qué tal los medios obligados a decir mentiras!
Qué tal los medios de comunicación transmitiendo, (por obligación y amenazados si no lo hacían), las declaraciones a comienzos de marzo del Minsalud diciendo que “no había riesgo de coronavirus por entonces”; o su terca insistencia durante muchos días, diciendo que “no había que usar tapabocas”, como lo refirmó el Invima. O las falsas afirmaciones hace semanas, cuando informó a los medios: “Ya se aplanó la curva de la pandemia” ¡Lo cual hasta hoy no ha sucedido!. O divulgando obligados algunas contradicciones, improvisaciones y contraórdenes oficiales que han sido muy criticadas, relativas a la pandemia, y a la cuarentena decretada por varios alcaldes, y a la que se opuso inicialmente.
