Álvaro Mellizo, Lima, 16 jun (EFE).- Reforzar la protección a los pueblos indígenas no contactados o sostener sin impedimentos uno de los pilares básicos de la economía peruana en tiempos de crisis. Ese es el espinoso y polémico asunto que el Congreso peruano tendrá que dirimir en los próximos días.
En plena pandemia por la COVID-19, con el país confinado desde hace más de 90 días y con su economía hecha jirones, una comisión parlamentaria aprobó por unanimidad llevar ante el pleno del Congreso una reforma legal para hacer más estricta la protección de los pueblos indígenas aislados o en contacto inicial (PIACI).
La idea es proteger a estos pueblos que habitan en las profundidades de la Amazonía, limitando aún más sus relaciones con el mundo exterior para evitar el contacto con el COVID-19, una enfermedad para la que no tienen protección natural alguna y que podría derivar en graves daños a sus comunidades.
Sin embargo, algunos de los extremos de la iniciativa harían imposible legalmente la explotación de recursos naturales de la amplísima región amazónica peruana, una de las claves de la economía nacional y expondrían al país a multimillonarias demandas internacionales por el incumplimiento de contratos de inversión.
“INTANGIBILIDAD” ABSOLUTA
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la mayor organización indígena del país, solicitó al Congreso que apoye la iniciativa, que a su juicio sirve para cerrar los “huecos” que deja la actual normativa, aprobada hace 15 años, y que si bien estableció límites a la explotación de las reservas PIACI, habilitó también su uso económico bajo ciertas condiciones.
Esencialmente, la iniciativa busca reforzar el concepto de “intangibilidad”, para hacerlo absoluto y que de ningún modo pueda haber explotación de las reservas ni, salvo excepciones puntuales, de las “zonas de amortiguación” colindantes.
“Lo que se busca es salvar y proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, esa es la razón fundamental”, explicó a Efe el diputado izquierdista Lenín Bazán, quien agregó que por ese motivo “hay voluntad de las bancadas para votar a favor de declarar intangible el territorio de estos pueblos y las zonas de amortiguación, que es además un mandato internacional”.
Eso implica “que no se puede ingresar ni hacer actividad alguna que ponga en peligro sus derechos”, según remarcó Bazán, quien preside la comisión del Congreso que aprobó unánimemente la iniciativa.
Tras confirmar que, si en las reservas “hay actividades extractivas” estas deberán paralizarse si se aprueba la norma, el diputado matizó que en las zonas de amortiguación podría haber explotación con ciertas condiciones, como el estricto control del impacto ambiental, la supervisión estatal, y las consultas previas a los pueblos que habitan ese territorio antes de la explotación.
IMPACTO DIRECTO
Pese a lo “bienintencionada” que es la iniciativa, para muchos conlleva graves y poco valorados problemas “sociales, económicos, legales, constitucionales y de impacto directo en los hogares de todo el país”, expresó a Efe Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Cantuarias dijo que la aprobación de la norma dañará incluso a quienes pretende defender, ya que “para muchos pueblos originarios de Perú, la única institucionalidad es la de las empresas privadas formales que operan en el territorio, y que aportan salud, educación y nutrición”.
“Retirar esta formalidad, sin que el Estado exista de otro modo, los deja aún más abandonados”, opinó.
Por ese motivo, consideró que hay que “reforzar” la presencia del Estado y de las empresas formales, ya que estas, por estar reguladas y autorizadas, son la mejor opción para evitar catástrofes ambientales y humanas en la zona.
Expulsarlas, dejaría el campo abierto para “la tala ilegal, la minería ilegal, la explotación ilegal” que ya operan de forma masiva en la Amazonía y que no tendrían control ni contrapeso alguno.
IMPACTO ECONÓMICO
Más allá de eso, para la SPH la iniciativa conllevará un “impacto económico terrible”, ya que afectaría directamente a la explotación de Camisea, uno de los mayores yacimientos de gas natural de Latinoamérica.
Ubicado en el corazón de la selva, este campo genera “la mitad de la energía de Perú”, la que pasaría a cero si se aplica la normativa, ya que uno de sus lotes se superpone en parte con una zona de amortiguación PIACI.
“La mitad de la energía se dejará de producir, con sus impactos en el costo, la generación de electricidad, el gas licuado que usan los taxis o la fuente de energía que usan 7 millones de hogares. Será devastador, más si se une a la crisis del Covid”, advirtió Cantuarias.
A esto habría que añadir los “millones de dólares” que reciben los territorios en donde se encuentra la explotación y sus gasoductos en concepto de regalías, que de hecho son “la principal fuente de ingresos de esas zonas”.
Para Bazán, sin embargo, esta situación no sería tan negativa, pues lo que se recibe del canon no es “tan significativo” y además obligará al país a cambiar “la matriz energética y productiva”, diversificar su economía y ser “más amigable con la naturaleza”.
CUESTIONES LEGALES
Junto a esto aparecen cuestiones legales, puesto que la normativa aplicaría un principio de retroactividad sobre empresas que iniciaron sus actividades de acuerdo a las leyes locales vigentes en su momento y que se verían en principio forzadas a cesar sus labores.
“Sería una suspensión unilateral de contratos con empresas de países que tienen acuerdos de protección de inversiones con Perú… Y eso dispararía acciones arbitrales e incluso que se pidan sanciones contra Perú”, señaló Cantuarias.
Bazán consideró, por su parte, que si bien es probable que eso suceda en algunos casos, el Estado peruano debe asumir “su responsabilidad” y pagar lo que se debe.
“Ir a un arbitraje no significa necesariamente que se pierda. Los mandatos internacionales de los que Perú forma parte ya indicaban hace muchos años que las zonas PIACI deben ser intangibles.. Cuando se firma un contrato sobre algo que no está permitido, ese contrato por tanto es nulo”, enfatizó.
En cualquier caso, el legislador insistió en que la “intangibilidad” absoluta solo se daría en las reservas y que en la zona de amortiguación se podrá “reglamentar” y evaluar cada caso concreto, en función de su respeto a normas ambientales y “el consentimiento de los pobladores”. EFE
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