Fuente: Radio Nacional de Colombia
“Se reportaron asesinatos en casi la mitad de los 32 departamentos de Colombia, y el mayor número de asesinatos se registró en el Cauca”, afirmó la ONU.
A pesar de los avances en la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitió hoy una alerta sobre la situación “grave” de seguridad que enfrentan los líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex combatientes, en su segundo informe trimestral del año, el cual será presentado ante el Consejo de Seguridad el 12 de julio.
“La grave situación de seguridad que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en varias regiones no ha cambiado”, resaltó el informe, que registró 57 denuncias de asesinatos, de las cuales se verificaron 13, se descartaron por no ser concluyentes 16 y se mantienen en proceso de verificación otras 28.
“Se reportaron asesinatos en casi la mitad de los 32 departamentos de Colombia, y el mayor número de asesinatos se registró en el Cauca”, afirmó la ONU.
Durante el período analizado, 12 ex combatientes (todos hombres) fueron asesinados en ocho departamentos, sumando un total de 375 víctimas desde la firma del acuerdo de paz hace seis años. Además, se registraron 129 intentos de homicidio (10 mujeres) y 32 casos de ex combatientes desaparecidos (todos hombres).
“Es innegable que la firma del Acuerdo Final condujo a reducciones palpables de la violencia relacionada con el conflicto al inicio de la implementación. Sin embargo, en los últimos años, las regiones afectadas por el conflicto han visto aumentar la presencia y las acciones de actores armados ilegales en un contexto de presencia del Estado aún limitada”, precisó el informe.
En este sentido, el informe destacó la urgencia de designar a un alto funcionario dentro de la Presidencia para liderar la implementación del acuerdo, lo cual “sin duda ayudaría a acelerar” su puesta en funcionamiento.
COMUNIDADES QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL
En su informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoció que la violencia continúa afectando a las comunidades indígenas y afrocolombianas, instando al Gobierno a priorizar a estos grupos en términos de reparación colectiva, restitución de tierras y retorno a sus territorios.
REINTEGRACIÓN POLÍTICA Y PRODUCTIVA
En cuanto a los avances en la implementación del Acuerdo, la ONU destacó la compra y formalización de tierras a víctimas y mujeres, especialmente aquellas realizadas en el marco del convenio entre el Gobierno y Fedegán.
Asimismo, el informe elogió la rapidez en los procedimientos y recursos para el acceso y compra de tierras destinadas a proyectos productivos para ex combatientes, lo que favorece su reintegración.
“Hasta la fecha, un total de 10,564 ex combatientes en total (2,575 mujeres) están llevando a cabo sus procesos de reintegración individual y colectiva fuera de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), en 605 municipios y 75 áreas de reintegración colectiva. Hasta el momento, el 77% de los ex combatientes acreditados participan en proyectos productivos, siendo el 62% de ellos proyectos individuales. El porcentaje de mujeres ex combatientes que participan en proyectos productivos es del 86%”, detalló el informe.
El informe también hizo hincapié en la necesidad de estar atentos a las amenazas contra los candidatos del Partido Comunes y otras organizaciones políticas de izquierda o afines que participarán en las elecciones regionales de octubre próximo.
En este sentido, la ONU solicitó “realizar esfuerzos específicos para proteger y promover la participación política de las mujeres ex combatientes”.
EL PAPEL DE LA JEP
Respecto al papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ONU destacó que “las primeras sanciones propias sin duda contribuirán a brindar justicia, verdad y garantías de no repetición a las víctimas”, al mismo tiempo que alertó sobre las amenazas dirigidas a los magistrados de la JEP, a las víctimas y a los comparecientes.
