Fuente: Radio Nacional de Colombia
Las cifras hacen parte de la recopilación de datos hechos por Indepaz que hace más de tres décadas se dedica a hacer análisis y recaudar información del conflicto armado interno.
Por Colprensa.
Al menos 188 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados, 167.540 desplazados, 303 víctimas de masacres, 44 ex combatientes de FARC acribillados y 55 víctimas de minas antipersonal dejó este 2023, aseguró este viernes el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Las cifras hacen parte de la recopilación de datos hechos por esta oenegé que hace más de tres décadas se dedica a hacer análisis y recaudar información del conflicto armado interno.
En su informe anual sobre violencias en el país, que abarca del 1 de enero al 28 de diciembre, Indepaz señaló que el 55% de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos o líderes sociales se cometieron en tres departamentos.
“Es preocupante el panorama en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca para quienes ejercen liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en las comunidades indígenas o hacen parte de algún movimiento político, siendo estos los lugares y sectores sociales donde se concentraron los asesinatos”, precisó.
Detalló que estos crímenes han tenido pico altos y bajos desde mediados de 2022 cuando se dio un declive de este tipo de asesinatos que se mantuvo hasta el primer trimestre de este año, pero los siguientes meses se incrementó el número de homicidios, coincidiendo con la época electoral.
A partir de octubre, una vez se conocieron los mandatarios electos en las regiones se disminuyeron los asesinatos coincidiendo con el “Plan democracia” impulsado por el Gobierno y los acuerdos de tregua del Ejecutivo con el Eln, las disidencias de las FARC y bandas criminales.
Con la lupa puesta en las regiones, Indepaz sostuvo que Tumaco es el municipio con “el mayor número de asesinatos en contra de personas líderes y defensores de DDHH desde la firma del acuerdo de paz en 2016”, a dar cuenta de siete crímenes de este tipo en esa zona del país.
Del total de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, el 12% fueron mujeres, “una cifra importante cuando se reconoce que un liderazgo femenino es más difícil de formar debido a las labores de cuidado que se le suman” y a otro tipo de violencias, detalló la oenegé.
Sobre el perfil de las víctimas de este violencia marcada por la política y los intereses económicos, Indepaz aseguró que se trató de líderes que defendían la implementación del acuerdo de paz, reclamaban cambios políticos respecto de poderes locales, ejercían como defensores del medioambiente, eran opositores a megaproyectos regionales y defensores de la brutalidad de los grupos armados en sus territorios.
Sobre el asesinato de ex combatientes de las FARC, el reporte señaló que fueron 44 en total, siete menos que en 2022, mientras que los departamentos donde se cometieron más atentados contras los firmantes del acuerdo de paz fueron Cauca, Meta y Huila.
“La Plata en el departamento del Huila y Tame en Arauca se configuran como los municipio con mayor afectación producto del asesinato de firmantes del acuerdo de paz. Es de señalar que el municipio de Tame también se encuentra entre los diez (10) más afectados por asesinato de personas líderes y defensores de DDHH en 2023”, detalló el informe.
En cuanto a las víctimas de minas antipersonales, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se contabilizaron 55 personas, entre ellas seis menores de edad, con Nariño como el epicentro de este tipo de casos con 39 víctimas reportadas.
Respecto de las masacres, Indepaz detalló que se reportaron un total de 94 de estos crímenes colectivos en los que murieron 303 personas, 40 menos que en la medición del año anterior.
En tanto que la cifra de desplazados llegó a 167.540, la mayoría en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.
Indepaz sugirió al Gobierno establecer “medidas integrales” para defender a los líderes sociales, hacer respetar el cese al fuego por parte de los grupos armados ilegales y reclamó de la Fiscalía hechos concretos que den cuenta de los perpetradores de estos asesinatos, entre otras.
