Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- La Justicia chilena ordenó este lunes prisión preventiva para el capitán del Ejército acusado de ordenar los disparos que causaron la muerte del joven de origen ecuatoriano Romario Veloz durante una manifestación en el marco de la ola de protestas que se desató en Chile en octubre de 2019.
“Se trata de una buenísima noticia que esperamos sirva de precedente para la investigación de otros casos similares al de Romario”, explicó a Efe Adriana Rojas, abogada de la familia del joven fallecido.
Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2019, cuando el joven estudiante de origen ecuatoriano participaba en una movilización en las calles de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, que terminó con incidentes y saqueos en un centro comercial.
En este contexto, el capitán José Faúndez Sepúlveda, comandante de una unidad especial de emergencia que se creó para enfrentar las masivas protestas durante el estado de excepción decretado por el Gobierno en 2019, ordenó supuestamente a sus subalternos disparar a los manifestantes.
Entre las víctimas se encontraba Veloz, que falleció poco después de ser trasladado al hospital, y otros dos hombres que resultaron heridos de gravedad.
El uniformado fue formalizado por delitos consumados de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria para los que se estimaron un plazo de investigación de 120 días.
Durante la audiencia, que se extendió durante tres días, la Fiscalía regional de La Serena expuso videos captados por las cámaras de seguridad el día de los hechos para demostrar la autoría de las órdenes.
También se precisó con las pericias audiovisuales que los militares que emitieron los disparos recogieron después todos los casquillos de las balas percutadas.
En una entrevista con Efe en octubre pasado, la madre del joven, Mery Cortez, denunció la lentitud en la investigación y agregó que al caso de su hijo se suman las consecuencias del “racismo institucional”.
“El que mató a mi hijo lo hizo con dolo, como era negro era un blanco fácil”, lamentó entonces.
Veloz es uno de los más de treinta fallecidos que dejó la violencia y la represión de los agentes durante las manifestaciones que estallaron el 18 de octubre de 2019, cuando comenzó la mayor crisis social en el país desde el retorno a la democracia en 1990.
En el momento álgido de las marchas, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) alertaron del excesivo uso de la fuerza durante la dispersión de las manifestaciones y urgieron al Estado a detener la situación.
Según datos del Ministerio Público, las protestas dejaron más de 4.681 víctimas de violaciones a los derechos humanos y hasta el pasado mes de noviembre solo se habían formalizado a 66 agentes, todos ellos bajo medidas cautelares. EFE
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