Sao Paulo, 21 sep (EFE).- Human Rights Watch (HRW) instó este lunes a revocar una normativa dictada por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro que apunta a inhibir el acceso al aborto aún en los casos en que es permitido por las leyes brasileñas.
La nueva normativa del Ministerio de Salud, publicada el 27 de agosto, obliga a médicos y hospitales a notificar a la Policía que será practicado un aborto cuando el embarazo fue consecuencia de una violación.
Según la Constitución brasileña, el aborto legal está garantizado en esos casos y también cuando la vida de la gestante corre riesgo o el feto presenta anencefalia.
Sin embargo, la nueva norma establece que, en los casos en que haya indicios o se haya comprobado una violación, el médico o el hospital deberán primero notificar sobre el caso a la Policía, algo que muchas veces las víctimas prefieren evitar por temor.
La normativa también dice que, antes de proceder al aborto, se deberá ofrecer a la gestante la posibilidad de ver al embrión o al feto a través de una ecografía.
De acuerdo con HRW, el Ministerio de la Familia, Mujer y Derechos Humanos también anunció su intención de crear un canal exclusivo para médicos que podría ser empleado para denunciar a mujeres y niñas sospechosas de haber practicado un aborto ilegal.
“En vez de garantizar que las supervivientes de una violación tengan acceso al aborto legal, el Gobierno está adoptando políticas que pueden desincentivar a mujeres y niñas a buscar apoyo y atención médica después de la violencia sexual”, denunció Tamara Taraciuk Broner, directora adjunta interina para las Américas de Human Rights Watch.
En ese sentido, la institución instó a las autoridades brasileñas a “revocar inmediatamente” la norma, al considerar que la misma “aumenta el riesgo de mujeres y niñas que recurren a abortos inseguros que pueden poner en riesgo su vida y su salud”.
La medida fue anunciada por el Ministerio de Salud apenas semanas después de un revuelo nacional por el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser sistemáticamente violada por un tío y cuya familia enfrentó serias dificultades para que se le practicara el aborto que la ley le garantizaba.
La interrupción del embarazo fue autorizada por la Justicia, pero en el hospital de la ciudad de Sao Mateus, en el estado de Espírito Santo, donde reside, los médicos se negaron a operarla.
Fue trasladada entonces a un hospital de Recife, capital del vecino estado de Pernambuco, donde el aborto fue practicado, pero en medio de presiones y protestas de grupos de ultraderecha afines al Gobierno de Bolsonaro.
Según publicó este lunes el diario Folha de Sao Paulo, la propia ministra de la Familia, Damares Alves, una evangélica de corriente conservadora, habría actuado entre bastidores para impedir el aborto de la menor, una información que fue desmentida por la titular en sus redes sociales.
No obstante, en una entrevista concedida la semana pasada, Alves justificó la decisión de los médicos que se opusieron al aborto y sugirió que la niña podría haber sido sometida a una cesárea en caso de haber esperado un par de semanas más.
“Los médicos de Espírito Santo no querían realizar el aborto, estaban dispuestos a anticipar el parto. Serían dos semanas más, no era ir hasta el noveno mes (…) Dos semanas más y podría haber sido realizada una cirugía cesárea en esa niña, retirarían al niño, lo pondrían en la incubadora y si sobrevivió, sobrevivió. Si no, tuvo una muerte digna”, señaló. EFE
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